El concejal (independiente) Enrique Soto Díaz hizo entrega al Colegio de Profesores, asistentes de la educación y miembros de la Comisión Investigadora de Concejales de una serie de documentos relacionados con la fiscalización de la Corporación Municipal de Castro.
La presentación se hizo en el marco de la última sesión ordinaria del mes de mayo, en la que el funcionario expuso ante el Concejo Municipal con el objeto de avanzar en la fiscalización del accionar de la administración local, así como el análisis de los documentos financieros y su puesta en relación con la información pública que disponibiliza el municipio de acuerdo con la Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del edil, no pareciera haber del otro lado demasiada disposición para avanzar en estos asuntos. Hace algunas semanas, Enrique Soto Díaz acudió al Colegio de Profesores con la intención de transparentar estos documentos y poner al tanto también a los consejos gremiales, pero para su sorpresa el Colegio desestimó la necesidad de una reunión.
Sintiendo que sus denuncias caían en oídos sordos, Enrique Soto decidió abordar el asunto en plena sesión del Concejo Municipal, ofreciendo una exposición detallada y haciendo entrega de la documentación a todas las partes presentes, incluyendo a la Comisión investigadora de Concejales, a quienes acusa de haberse reunido “un par de veces en más de 9 meses”.
Transparencia e información pública
Pese a que los concejales no cuentan con facultades fiscalizadoras sobre la Corporación Municipal, la solicitud de información de las cuentas públicas se corresponde con la normativa vigente y es deber de la municipalidad responder a tales pedidos, no sólo por tratarse de un funcionario público, sino que ha de hacerlo ante la solicitud de cualquier ciudadano que lo requiera.
Este pedido de información, sin embargo, no resulta suficiente, al menos, para el concejal Soto Díaz, quien además requirió el pronunciamiento del director de Administración y Finanzas, ya que consideró oportuno preguntarle a quien administra el tesoro municipal cuál era su opinión sobre la capacidad de respuesta en tanto municipalidad ante el requerimiento de la corporación por cubrir su déficit financiero que es fruto, vale la pena aclararlo, de una administración ineficaz que viene de larga data.
Los planteos del concejal Soto Díaz
En el marco de la citada sesión, el concejal independiente destacó que no existe, al menos hasta la fecha, ninguna vinculación de los presupuestos municipales y de la corporación para ver si es posible sopesar el déficit económico en base a aportes del municipio a la corporación.
Además, no se ha entregado una evaluación financiera que clarifique cómo va a funcionar (si es que lo hará) el plan de reestructuración económica de la corporación.
Otro llamado de atención que el concejal no quiso pasar por alto es que en el documento que determina el presupuesto municipal de educación de la corporación no constan los aportes que ha hecho el municipio para el año 2023, los cuales superan los 2 mil millones de pesos, muy por encima de los 1.300 que estipulaba el presupuesto de la corporación.
Pero, como si esto fuera poco, en el presupuesto citado no coinciden los montos proyectados para el pago de remuneraciones de trabajadores de la educación con el monto real al que corresponde la tabla de sus remuneraciones, habiendo una diferencia de casi dos mil millones de pesos.
Ante esto, el funcionario destacó la necesidad de buscar otras formas de responder a los profesores con solvencia y garantías de buena ejecución presupuestaria.
Las batallas del concejal Soto Díaz contra la falta de transparencia
La transparencia en el manejo de los fondos municipales no es una preocupación nueva para Enrique Soto Díaz, quien ya en noviembre del año pasado había acudido a la Contraloría General de la República sobre este asunto, habiendo recibido por respuesta en enero de 2023 que se procedería a dar curso a la investigación.
En el ordinario n° 215, dirigido al presidente de la corporación, Juan Eduardo Vera, y al secretario general, Pablo Lemus, el concejal demandó los siguientes datos que, recordemos, son de interés público:
- El detalle del monto obligado a pagar de la corporación con detalle de los montos obligados, devengados y pagados.
- El detalle de la deuda referida al listado de proveedores a quienes se adeuda y los sueldos de trabajadores divididos en distintas formas de contratación (código del trabajo, honorario, etc.)
- El listado de las personas contratadas por mes durante los años 2021 y 2022 a objeto de determinar el personal total en distintas etapas del año.
- El número de personas que ya han sido desvinculadas, las que lo serán a propósito del plan de reestructuración anunciado en noviembre del 2022, con expresa indicación de los años de servicio de cada uno y la remuneración que percibían por concepto de sueldo.
- Cantidad de estudiantes matriculados en 2023.
- Presupuesto proyectado de la corporación en educación para el 2023.
No satisfecho con lo requerido, en el ordinario n° 216 el concejal solicitó también un pronunciamiento al jefe de finanzas de la municipalidad para que se indique si es posible solventar el gasto corporativo con los fondos municipales, además de indicar posibles soluciones para el abordaje de la crisis actual.
Ante este requerimiento, el jefe de finanzas brindó una respuesta través del ordinario n° 80, en el cual manifiesta su preocupación ante la evidente incapacidad de las autoridades municipales de abordar el déficit de la corporación.
Aún así, lejos de desanimarse, el concejal Soto Díaz continúa sus esfuerzos por fiscalizar las finanzas de la Municipalidad de Castro y encaminar la administración local hacia una gestión más transparente, abierta y democrática.
