Una nueva arista judicial y administrativa suma la controversia que sacude a la Municipalidad de Castro tras la denuncia por una conexión clandestina de electricidad que habría beneficiado a una propiedad vinculada al ex director de Seguridad Pública, Alejandro Pino Medina.

El periodista Patricio Oñate Aguilera, a través de su abogado Mauricio Sáez Yévenes, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Castro por los hechos denunciados en el sector rural de Puacura. La acción judicial está dirigida contra Pino Medina y todos quienes resulten responsables, por los eventuales delitos de sustracción reiterada de energía eléctrica, daños a la propiedad y, subsidiariamente, defraudación patrimonial.

Pero el caso no se limita solo al ámbito penal. La representación de Oñate también recurrió a la Contraloría General de la República para solicitar la apertura de un procedimiento administrativo contra el alcalde Baltazar Elgueta Cheuquepil, cuestionando su decisión de aceptar la renuncia del entonces director de Seguridad Pública sin disponer previamente una investigación sumaria.

Querella detalla conexión clandestina de electricidad

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la acción judicial, la vivienda de Patricio Oñate, ubicada en el sector Puacura, registró durante 2026 un aumento considerable e inusual en su consumo eléctrico.

La querella señala que el inmueble mantenía históricamente un consumo promedio cercano a los 205 kWh bimestrales. Sin embargo, durante agosto de 2026 el registro llegó a 1.550 kWh, mientras que en el período siguiente se contabilizaron otros 727 kWh.

La situación derivó en una cuenta de electricidad que alcanzó los $482.200, poniendo incluso en riesgo la continuidad del suministro domiciliario del afectado.

El documento judicial detalla que el 5 de octubre de 2026, personal técnico de la empresa contratista Equans Chile, en el marco de una inspección solicitada a SAESA, revisó las instalaciones y detectó una conexión irregular en una caja estanca ubicada en el deslinde del predio.

Según el informe técnico reproducido en la querella, los trabajadores constataron que desde el alimentador eléctrico de Oñate se estaba suministrando energía hacia instalaciones del terreno colindante, específicamente para un portón eléctrico. La brigada procedió a desconectar la derivación y sellar las partes intervenidas.

La presentación sostiene que la conexión habría permitido abastecer instalaciones de la propiedad vecina durante varios períodos de facturación, generando un perjuicio económico para el afectado.

Abogado apunta directamente al alcalde Elgueta

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva ofensiva judicial es el cuestionamiento a la actuación del alcalde Baltazar Elgueta tras conocerse los antecedentes que involucraban a quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal.

El abogado Mauricio Sáez confirmó que, junto con la querella criminal, solicitaron a la Contraloría la apertura de un sumario contra el jefe comunal por un eventual abandono de funciones y falta a la probidad.

«Junto con la querella en materia penal, requerimos a la Contraloría la apertura de un sumario por abandono de funciones y falta a la probidad contra el alcalde de Castro por aceptar la renuncia sin, por lo menos, abrir una investigación sumaria al respecto por una eventual falta a la probidad por parte del exdirector de Seguridad», señaló el profesional.

El representante judicial de Oñate cuestionó que el alcalde aceptara la renuncia de Alejandro Pino Medina el pasado 23 de octubre sin que previamente se iniciara un procedimiento administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados.

Sáez también planteó que la probidad exigible a quienes ejercen funciones públicas no se limita exclusivamente al horario de trabajo.

«Un funcionario público debe tener una conducta acorde al cargo y en observancia a la probidad en todos los ámbitos de su vida y no solo en su horario laboral», enfatizó.

De esta manera, la presentación ante Contraloría busca que el organismo fiscalizador examine tanto la eventual conducta del ex director de Seguridad Pública como la decisión adoptada por el alcalde al aceptar su salida sin disponer previamente una investigación administrativa.

Solicitan diligencias

En el ámbito penal, la querella solicita que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para iniciar una investigación que permita determinar cómo se produjo la conexión eléctrica, quiénes participaron y quiénes resultaron beneficiados.

Entre las diligencias solicitadas figuran una orden de investigar a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de Castro, la identificación de los ocupantes del inmueble colindante, inspecciones de las instalaciones eléctricas y la declaración de los trabajadores que participaron en la revisión técnica.

Además, la representación judicial solicitó expresamente que la investigación sea desarrollada por una institución distinta a la Policía de Investigaciones, argumentando que Alejandro Pino Medina, señalado como uno de los posibles responsables, se habría desempeñado anteriormente como oficial de esa institución.

Un caso que abre dos frentes contra la administración municipal

La controversia suma así dos caminos institucionales: por una parte, la investigación penal destinada a establecer eventuales delitos y responsabilidades individuales; y por otra, el requerimiento ante Contraloría que busca determinar si existieron irregularidades administrativas en la actuación del alcalde Baltazar Elgueta.

La salida de Alejandro Pino Medina del municipio, lejos de cerrar el episodio, terminó convirtiéndose en otro de los puntos cuestionados por la representación de la persona afectada.

Ahora será el Ministerio Público el que deberá investigar los hechos denunciados, mientras que la Contraloría tendrá que examinar las presentaciones relacionadas con la actuación municipal y determinar si corresponde establecer responsabilidades administrativas.

El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento a la administración de Baltazar Elgueta, en una controversia que ya trascendió el ámbito municipal y que ahora tiene abiertas aristas judiciales y administrativas.

Radio La Isla accedió a un oficio municipal que señala que el alcalde contrató un equipo legal de manera particular. El conflicto se suma a otros cuestionamientos como la renuncia del ex director de Seguridad Pública, Alejandro Pino, luego de una denuncia por una presunta conexión eléctrica irregular. El concejal independiente de Castro sostiene que la acción impulsada por el jefe comunal buscaba sacarlo definitivamente del cargo y frenar su labor fiscalizadora.

Un nuevo capítulo político se abrió en Castro tras la resolución del Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Lagos en la causa que enfrentó al alcalde Baltazar Elgueta con el concejal independiente Enrique Soto. El fallo concluyó con una suspensión de tres meses para el edil, pero no logró su destitución, que era el objetivo principal de la acción impulsada por el alcalde de Castro.

Radio La Isla accedió a oficio firmado por el alcalde

En medio de esta disputa, Radio La Isla tuvo acceso al Oficio N.º 810 de la Municipalidad de Castro, firmado por el propio Baltazar Elgueta, documento que entrega antecedentes sobre el financiamiento de la representación judicial del alcalde en la causa ante el Tribunal Electoral Regional.

De acuerdo con la respuesta oficial, sorprende que no sea la municipalidad y su equipo jurídico quien asuma la defensa jurídica, ya que en sus redes institucionales realiza publicaciones sobre este proceso judicial particular contra Soto. El equipo jurídico que representó a Elgueta fue contratado de manera particular por el jefe comunal, sin mantener vínculo contractual ni relación de dependencia con el municipio.

Asimismo, el oficio n° 810 precisa que cuatro funcionarios municipales comparecieron en Puerto Montt como testigos, haciendo uso de permiso administrativo y financiaron sus propios traslados y estadía. Lo anterior sorprende toda vez que la ley autoriza estos permisos cuando se tienen “motivos personales”. Sin embargo, acá fue utilizado para concurrir a un tribunal en un asunto que no es de carácter “personal”.

Estos antecedentes permiten conocer cómo se financió la representación legal del alcalde en esta causa. Sin embargo, el documento no establece por sí mismo las motivaciones personales que habrían originado una acción particular contra Soto, quien a su vez sostiene que el proceso buscaba erradicar su labor fiscalizadora.

Enrique Soto defiende su actuación y anuncia que continuará fiscalizando

En sus declaraciones, el concejal también abordó los cuestionamientos relacionados con un viaje al extranjero y la presentación de un certificado médico. Sobre este último punto, explicó que respondió a una recomendación profesional orientada a resguardar su salud emocional y mental.

El TER no determinó su destitución, aunque la resolución estableció una suspensión de tres meses. El fallo indica que “no se establece una falta grave a la probidad administrativa que justifique apartarlo definitivamente del cargo”.

Otro foco de controversia: la renuncia de Alejandro Pino

El enfrentamiento entre Soto y Elgueta se produce en un escenario en que el alcalde ha enfrentado múltiples cuestionamientos públicos, el último por otro episodio que involucró a uno de sus colaboradores de confianza: La salida de Alejandro Pino de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro.

Como informó anteriormente Radio La Isla, Pino dejó sus funciones durante la mañana del viernes 23 de octubre, luego de que se hiciera pública una denuncia del periodista Patricio Oñate por una presunta conexión eléctrica no autorizada desde su propiedad.

Según los antecedentes expuestos por Oñate, una revisión técnica de Saesa habría detectado una derivación eléctrica que provocó que parte del consumo asociado al portón de un inmueble vecino se registrara en su medidor. El periodista afirmó haber recibido una cuenta por $401.200 y anunció acciones ante la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Tras conocerse la renuncia, el alcalde Baltazar Elgueta difundió un escueto comunicado en el que expresó su respeto por la decisión del ahora ex director y agradeció su trabajo en materia de seguridad comunal, prevención del delito y coordinación institucional, sin referirse mayormente a la denuncia de fondo.

El pronunciamiento municipal atribuyó la salida a motivos personales, sin abordar directamente la denuncia difundida por el periodista. La renuncia de Pino también generó interrogantes sobre la gestión municipal. Según informó Radio Bío Bío, concejales de Castro solicitaron que se investigaran los antecedentes y cuestionaron que no se les hubiera informado oportunamente sobre la situación.

Cabe precisar que las acusaciones contra el ex funcionario deben ser esclarecidas por los organismos competentes y que la denuncia, por sí sola, no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.

Hasta el día de hoy, al cierre de edición de esta nota, no se encuentra declaración pública en las redes municipales respecto a la denuncia y posterior salida de Alejandro Pino, por lo cual únicamente se cuenta con un video temporal sin mención a los motivos de su salida pese a que la denuncia fue recogida por los principales medios de comunicación del país.

El escándalo a nivel nacional se acrecienta y, en la isla, la confianza menoscabada por aquellos trabajadores que hicieron mal uso de ciertas posibilidades, repercute como una mancha que, por lo general, salpica a altos jerarcas de la política.

Es que un total de 146 casos asociados a funcionarios públicos de instituciones de la provincia de Chiloé fueron registrados en el reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó a más de 25 mil trabajadores del Estado que salieron del país mientras se encontraban con licencias médicas vigentes.

En el listado nacional, correspondiente a 777 organismos públicos, figuran varias entidades del archipiélago. La Municipalidad de Castro aparece con 16 casos, siendo la que registra la mayor cantidad dentro de la provincia. Le siguen la Corporación Municipal de Quellón, con 77 casos; la Corporación Municipal de Curaco de Vélez, con 17; y el Servicio de Salud Chiloé, con 11. También figuran la Municipalidad de Ancud, con 5 casos; la Municipalidad de Quellón y la Municipalidad de Puqueldón, con 4 cada una; la Municipalidad de Curaco de Vélez, con 2; y la Municipalidad de Quinchao, con 1 caso.

Estas cifras corresponden a funcionarios que realizaron salidas del país durante los días en que contaban con licencia médica activa, lo que infringe la normativa que regula el reposo laboral y que exige su permanencia en territorio nacional salvo autorización específica.

El informe fue elaborado mediante el cruce de registros de la Superintendencia de Seguridad Social, Fonasa y el Servicio Nacional de Migraciones, a requerimiento de la Contraloría. Hasta el momento, ninguna de las instituciones mencionadas ha informado si ha iniciado procedimientos disciplinarios ni ha emitido declaraciones sobre los casos detectados.

La Contraloría ha anunciado que continuará con las fiscalizaciones y solicitará antecedentes a cada organismo involucrado para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.