Una nueva arista judicial y administrativa suma la controversia que sacude a la Municipalidad de Castro tras la denuncia por una conexión clandestina de electricidad que habría beneficiado a una propiedad vinculada al ex director de Seguridad Pública, Alejandro Pino Medina.
El periodista Patricio Oñate Aguilera, a través de su abogado Mauricio Sáez Yévenes, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Castro por los hechos denunciados en el sector rural de Puacura. La acción judicial está dirigida contra Pino Medina y todos quienes resulten responsables, por los eventuales delitos de sustracción reiterada de energía eléctrica, daños a la propiedad y, subsidiariamente, defraudación patrimonial.
Pero el caso no se limita solo al ámbito penal. La representación de Oñate también recurrió a la Contraloría General de la República para solicitar la apertura de un procedimiento administrativo contra el alcalde Baltazar Elgueta Cheuquepil, cuestionando su decisión de aceptar la renuncia del entonces director de Seguridad Pública sin disponer previamente una investigación sumaria.
Querella detalla conexión clandestina de electricidad
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la acción judicial, la vivienda de Patricio Oñate, ubicada en el sector Puacura, registró durante 2026 un aumento considerable e inusual en su consumo eléctrico.
La querella señala que el inmueble mantenía históricamente un consumo promedio cercano a los 205 kWh bimestrales. Sin embargo, durante agosto de 2026 el registro llegó a 1.550 kWh, mientras que en el período siguiente se contabilizaron otros 727 kWh.
La situación derivó en una cuenta de electricidad que alcanzó los $482.200, poniendo incluso en riesgo la continuidad del suministro domiciliario del afectado.
El documento judicial detalla que el 5 de octubre de 2026, personal técnico de la empresa contratista Equans Chile, en el marco de una inspección solicitada a SAESA, revisó las instalaciones y detectó una conexión irregular en una caja estanca ubicada en el deslinde del predio.
Según el informe técnico reproducido en la querella, los trabajadores constataron que desde el alimentador eléctrico de Oñate se estaba suministrando energía hacia instalaciones del terreno colindante, específicamente para un portón eléctrico. La brigada procedió a desconectar la derivación y sellar las partes intervenidas.
La presentación sostiene que la conexión habría permitido abastecer instalaciones de la propiedad vecina durante varios períodos de facturación, generando un perjuicio económico para el afectado.
Abogado apunta directamente al alcalde Elgueta
Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva ofensiva judicial es el cuestionamiento a la actuación del alcalde Baltazar Elgueta tras conocerse los antecedentes que involucraban a quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal.
El abogado Mauricio Sáez confirmó que, junto con la querella criminal, solicitaron a la Contraloría la apertura de un sumario contra el jefe comunal por un eventual abandono de funciones y falta a la probidad.
«Junto con la querella en materia penal, requerimos a la Contraloría la apertura de un sumario por abandono de funciones y falta a la probidad contra el alcalde de Castro por aceptar la renuncia sin, por lo menos, abrir una investigación sumaria al respecto por una eventual falta a la probidad por parte del exdirector de Seguridad», señaló el profesional.
El representante judicial de Oñate cuestionó que el alcalde aceptara la renuncia de Alejandro Pino Medina el pasado 23 de octubre sin que previamente se iniciara un procedimiento administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados.
Sáez también planteó que la probidad exigible a quienes ejercen funciones públicas no se limita exclusivamente al horario de trabajo.
«Un funcionario público debe tener una conducta acorde al cargo y en observancia a la probidad en todos los ámbitos de su vida y no solo en su horario laboral», enfatizó.
De esta manera, la presentación ante Contraloría busca que el organismo fiscalizador examine tanto la eventual conducta del ex director de Seguridad Pública como la decisión adoptada por el alcalde al aceptar su salida sin disponer previamente una investigación administrativa.
Solicitan diligencias
En el ámbito penal, la querella solicita que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para iniciar una investigación que permita determinar cómo se produjo la conexión eléctrica, quiénes participaron y quiénes resultaron beneficiados.
Entre las diligencias solicitadas figuran una orden de investigar a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de Castro, la identificación de los ocupantes del inmueble colindante, inspecciones de las instalaciones eléctricas y la declaración de los trabajadores que participaron en la revisión técnica.
Además, la representación judicial solicitó expresamente que la investigación sea desarrollada por una institución distinta a la Policía de Investigaciones, argumentando que Alejandro Pino Medina, señalado como uno de los posibles responsables, se habría desempeñado anteriormente como oficial de esa institución.
Un caso que abre dos frentes contra la administración municipal
La controversia suma así dos caminos institucionales: por una parte, la investigación penal destinada a establecer eventuales delitos y responsabilidades individuales; y por otra, el requerimiento ante Contraloría que busca determinar si existieron irregularidades administrativas en la actuación del alcalde Baltazar Elgueta.
La salida de Alejandro Pino Medina del municipio, lejos de cerrar el episodio, terminó convirtiéndose en otro de los puntos cuestionados por la representación de la persona afectada.
Ahora será el Ministerio Público el que deberá investigar los hechos denunciados, mientras que la Contraloría tendrá que examinar las presentaciones relacionadas con la actuación municipal y determinar si corresponde establecer responsabilidades administrativas.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento a la administración de Baltazar Elgueta, en una controversia que ya trascendió el ámbito municipal y que ahora tiene abiertas aristas judiciales y administrativas.
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