A casi seis meses de su salida del Ministerio de Seguridad Pública, la exministra Trinidad Steinert asumirá un nuevo cargo en el extranjero, luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast confirmara su designación como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a T13, señalando que la principal misión de la exsecretaria de Estado será colaborar en la coordinación de los esfuerzos regionales para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

Dentro de sus nuevas funciones estará el trabajo asociado al denominado Compromiso de Santiago, acuerdo suscrito el pasado 28 de mayo en la capital chilena por los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se incorporaron Paraguay y Uruguay.

La designación se produce luego de la salida de Steinert del Gobierno, ocurrida el 19 de mayo, cuando dejó el Ministerio de Seguridad Pública después de permanecer apenas 69 días en el cargo.

Su salida estuvo marcada por una controversia relacionada con la remoción de la entonces jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, situación que generó cuestionamientos políticos y tensiones al interior del Ejecutivo.

Desde Cancillería destacaron la trayectoria profesional de Steinert, quien cuenta con más de 20 años de experiencia como fiscal, período en el que desarrolló investigaciones contra organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de migrantes y redes de explotación sexual, principalmente en el norte del país.

Asimismo, fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile entre 2017 y 2019, y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales entre 2018 y 2019.

Con esta designación, la exministra vuelve a asumir responsabilidades en el ámbito público, esta vez desde una representación diplomática orientada a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y persecución del crimen organizado.

La resolución judicial involucra a la administración del alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea y prohíbe a las jefaturas del CESFAM Padre Hurtado impartir instrucciones directas a una trabajadora que denunció presunto acoso laboral, invasión a la privacidad y vulneración de derechos fundamentales. El abogado Mauricio Sáez aseguró que representa a una decena de funcionarios que mantienen acciones similares contra la DESAM.

Un nuevo conflicto judicial enfrenta a la Municipalidad de Puerto Montt, encabezada por el ex chico reality Rodrigo Wainraihgt, luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo dictara una medida cautelar de urgencia en favor de una funcionaria del CESFAM Padre Hurtado, dependiente de la Dirección de Salud Municipal (DESAM), quien denunció presuntos hechos de acoso laboral y vulneración de sus derechos fundamentales.

La acción judicial establece medidas de protección para la trabajadora y restringe las facultades de las jefaturas del establecimiento respecto de las instrucciones directas hacia ella. En tanto, el municipio deberá responder ante el tribunal en el marco de la demanda de tutela laboral.

La funcionaria, que cuenta con 25 años de trayectoria en el servicio municipal, denunció que su espacio de trabajo fue modificado abruptamente mientras realizaba visitas domiciliarias, sin que se le ofrecieran alternativas. Según los antecedentes expuestos en la acción judicial, al regresar habría encontrado que su box había sido ocupado y que terceros removieron sus pertenencias personales y documentación clínica.

La denuncia también señala que se habrían tomado fotografías del interior de sus cajones, imágenes que posteriormente habrían sido difundidas mediante correo electrónico institucional. Estos antecedentes forman parte de los cuestionamientos por una eventual vulneración de la privacidad de la trabajadora.

La situación se suma a otras acciones judiciales impulsadas por funcionarios de la salud municipal de Puerto Montt, quienes han denunciado presuntas modificaciones arbitrarias de funciones, traslados injustificados, hostigamiento e incumplimientos de los protocolos preventivos contemplados en la Ley Karin.

En conversación con Radio La Isla, el abogado patrocinante de las acciones judiciales, Mauricio Sáez Yévenes, valoró la medida cautelar y sostuvo que constituye un primer avance en la protección de los derechos laborales de los funcionarios.

“Las medidas cautelares otorgadas son un primer paso dentro de un proceso largo. En particular, el tribunal laboral en la causa de la trabajadora del CESFAM Padre Hurtado cauteló que no se puede alterar al arbitrio del municipio las condiciones físicas, lugar o modalidades de trabajo de los trabajadores”, señaló.

El jurista agregó que representa a una decena de funcionarios que, según indicó, han enfrentado situaciones similares al interior del Departamento de Salud Municipal, denunciando alteraciones arbitrarias de sus condiciones laborales y estabilidad en el empleo.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial, dictada el 4 de noviembre de 2026 por el juez Andrés Arteaga Jara, es la prohibición dirigida a la jefa de territorio, Camila Aros Cortés, y al director del CESFAM, Marco Agurto Velásquez, de impartir instrucciones directas a la trabajadora.

Como medida de resguardo, el tribunal determinó que cualquier instrucción necesaria para garantizar la continuidad del servicio deberá canalizarse exclusivamente a través del Departamento de Recursos Humanos de la DESAM central.