La resolución judicial involucra a la administración del alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea y prohíbe a las jefaturas del CESFAM Padre Hurtado impartir instrucciones directas a una trabajadora que denunció presunto acoso laboral, invasión a la privacidad y vulneración de derechos fundamentales. El abogado Mauricio Sáez aseguró que representa a una decena de funcionarios que mantienen acciones similares contra la DESAM.

Un nuevo conflicto judicial enfrenta a la Municipalidad de Puerto Montt, encabezada por el ex chico reality Rodrigo Wainraihgt, luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo dictara una medida cautelar de urgencia en favor de una funcionaria del CESFAM Padre Hurtado, dependiente de la Dirección de Salud Municipal (DESAM), quien denunció presuntos hechos de acoso laboral y vulneración de sus derechos fundamentales.

La acción judicial establece medidas de protección para la trabajadora y restringe las facultades de las jefaturas del establecimiento respecto de las instrucciones directas hacia ella. En tanto, el municipio deberá responder ante el tribunal en el marco de la demanda de tutela laboral.

La funcionaria, que cuenta con 25 años de trayectoria en el servicio municipal, denunció que su espacio de trabajo fue modificado abruptamente mientras realizaba visitas domiciliarias, sin que se le ofrecieran alternativas. Según los antecedentes expuestos en la acción judicial, al regresar habría encontrado que su box había sido ocupado y que terceros removieron sus pertenencias personales y documentación clínica.

La denuncia también señala que se habrían tomado fotografías del interior de sus cajones, imágenes que posteriormente habrían sido difundidas mediante correo electrónico institucional. Estos antecedentes forman parte de los cuestionamientos por una eventual vulneración de la privacidad de la trabajadora.

La situación se suma a otras acciones judiciales impulsadas por funcionarios de la salud municipal de Puerto Montt, quienes han denunciado presuntas modificaciones arbitrarias de funciones, traslados injustificados, hostigamiento e incumplimientos de los protocolos preventivos contemplados en la Ley Karin.

En conversación con Radio La Isla, el abogado patrocinante de las acciones judiciales, Mauricio Sáez Yévenes, valoró la medida cautelar y sostuvo que constituye un primer avance en la protección de los derechos laborales de los funcionarios.

“Las medidas cautelares otorgadas son un primer paso dentro de un proceso largo. En particular, el tribunal laboral en la causa de la trabajadora del CESFAM Padre Hurtado cauteló que no se puede alterar al arbitrio del municipio las condiciones físicas, lugar o modalidades de trabajo de los trabajadores”, señaló.

El jurista agregó que representa a una decena de funcionarios que, según indicó, han enfrentado situaciones similares al interior del Departamento de Salud Municipal, denunciando alteraciones arbitrarias de sus condiciones laborales y estabilidad en el empleo.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial, dictada el 4 de noviembre de 2026 por el juez Andrés Arteaga Jara, es la prohibición dirigida a la jefa de territorio, Camila Aros Cortés, y al director del CESFAM, Marco Agurto Velásquez, de impartir instrucciones directas a la trabajadora.

Como medida de resguardo, el tribunal determinó que cualquier instrucción necesaria para garantizar la continuidad del servicio deberá canalizarse exclusivamente a través del Departamento de Recursos Humanos de la DESAM central.

Una serie de observaciones relacionadas con la administración presupuestaria y financiera de la Municipalidad de Queilen reveló la Contraloría General de la República en su Informe Final N° 168 de 2026, correspondiente a una auditoría realizada sobre los ejercicios financieros entre el año 2024 y junio de 2025. El documento oficial, que abarca una extensión de 117 páginas con múltiples hallazgos e irregularidades detectadas por el ente fiscalizador, fue recepcionado por el municipio el pasado 25 de septiembre.

Sin embargo, el edil Manuel Godoy cuestionó que sus resultados fueran puestos en conocimiento del concejo municipal recién el martes 3 de noviembre, acusando que la administración comunal liderada por el alcalde Marcos Vargas se demoró más de un mes en informar sobre los antecedentes del organismo fiscalizador. Cabe destacar que Contraloría había instruido que el documento fuera leído en la primera sesión del concejo posterior a su notificación, situación que no se habría cumplido oportunamente.

Aumentos presupuestarios y pagos observados

Entre los principales hallazgos del extenso informe figuran modificaciones presupuestarias por más de $456 millones durante 2024, que no habrían contado con el debido respaldo normativo ni se habrían efectuado dentro de los plazos establecidos. A esto se suman pagos superiores a los $90 millones que fueron objetados por carecer de los respaldos de devengo exigidos por la normativa contable, además de egresos que superaron los $70 millones y que se habrían realizado sin los respectivos decretos de pago.

Godoy manifestó su preocupación por estas observaciones y planteó que parte de las modificaciones presupuestarias se habrían producido en un año marcado por las elecciones municipales, incluyendo recursos destinados a ayudas sociales y otras partidas.

Concejal acusa nuevas modificaciones presupuestarias en 2026

El concejal también advirtió que situaciones similares se habrían repetido durante el presente año, apuntando a modificaciones presupuestarias que, según denunció, se realizaron sin pasar por la aprobación del concejo municipal:

«En el año 2026 pasó algo similar. El alcalde con el jefe de finanzas nuevamente aumentó el presupuesto municipal en $251 millones sin pasar por el concejo municipal. Aprobamos un presupuesto cercano a los $5.300 millones y en mayo nos enteramos de que lo habían modificado a $5.500 millones y fracción. Al parecer es una práctica reiterada», sostuvo Godoy.

Estas declaraciones abren nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos de control y la participación del concejo municipal en las decisiones relacionadas con las finanzas comunales.

Contraloría mantuvo las observaciones y fijó plazo de 60 días hábiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Municipalidad de Queilen presentó sus descargos tras recibir el preinforme de auditoría. No obstante, la Contraloría mantuvo la mayor parte de las observaciones, debido a que los antecedentes entregados por el municipio no permitieron acreditar suficientemente las operaciones cuestionadas.

El organismo fiscalizador estableció un plazo de 60 días hábiles para que la administración municipal regularice la documentación y adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas.

Sin embargo, Manuel Godoy advirtió que algunas de las situaciones observadas, particularmente aquellas relacionadas con modificaciones presupuestarias realizadas fuera de los plazos legales, no podrían revertirse mediante la presentación posterior de antecedentes.

El informe de Contraloría vuelve a poner bajo escrutinio la gestión financiera del municipio de Queilen y plantea interrogantes sobre los procedimientos administrativos utilizados, la autorización de los gastos y los mecanismos de fiscalización interna de los recursos públicos.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, la Municipalidad de Ancud está desarrollando un curso de Primeros Auxilios y Salvavidas, dirigido a vecinos y vecinas de distintas edades de la comuna.

La iniciativa contempla clases teóricas y prácticas, en las que los participantes reciben formación para actuar de manera adecuada y segura frente a distintas emergencias, tanto en playas como en otros espacios públicos.

Las jornadas son impartidas por una profesional del área de la salud, kinesióloga e instructora de primeros auxilios, quien entrega conocimientos y herramientas fundamentales para enfrentar situaciones de riesgo y brindar asistencia oportuna.

La actividad es coordinada por Francisca Eliana Silva Romero, encargada de Playas del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Ancud.

Desde el municipio destacaron el interés de la comunidad por participar en esta instancia formativa, cuyas inscripciones fueron abiertas públicamente a través de la página web municipal, mediante un formulario destinado a los interesados.

La capacitación busca contribuir a una comuna más preparada y segura, especialmente considerando la importancia de contar con personas que tengan conocimientos básicos de primeros auxilios y procedimientos de rescate en sectores costeros.

De esta manera, la Municipalidad de Ancud continúa impulsando acciones orientadas a la prevención de accidentes y al fortalecimiento de la seguridad de residentes y visitantes.