A casi seis meses de su salida del Ministerio de Seguridad Pública, la exministra Trinidad Steinert asumirá un nuevo cargo en el extranjero, luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast confirmara su designación como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a T13, señalando que la principal misión de la exsecretaria de Estado será colaborar en la coordinación de los esfuerzos regionales para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

Dentro de sus nuevas funciones estará el trabajo asociado al denominado Compromiso de Santiago, acuerdo suscrito el pasado 28 de mayo en la capital chilena por los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se incorporaron Paraguay y Uruguay.

La designación se produce luego de la salida de Steinert del Gobierno, ocurrida el 19 de mayo, cuando dejó el Ministerio de Seguridad Pública después de permanecer apenas 69 días en el cargo.

Su salida estuvo marcada por una controversia relacionada con la remoción de la entonces jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, situación que generó cuestionamientos políticos y tensiones al interior del Ejecutivo.

Desde Cancillería destacaron la trayectoria profesional de Steinert, quien cuenta con más de 20 años de experiencia como fiscal, período en el que desarrolló investigaciones contra organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de migrantes y redes de explotación sexual, principalmente en el norte del país.

Asimismo, fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile entre 2017 y 2019, y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales entre 2018 y 2019.

Con esta designación, la exministra vuelve a asumir responsabilidades en el ámbito público, esta vez desde una representación diplomática orientada a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y persecución del crimen organizado.

La resolución judicial involucra a la administración del alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea y prohíbe a las jefaturas del CESFAM Padre Hurtado impartir instrucciones directas a una trabajadora que denunció presunto acoso laboral, invasión a la privacidad y vulneración de derechos fundamentales. El abogado Mauricio Sáez aseguró que representa a una decena de funcionarios que mantienen acciones similares contra la DESAM.

Un nuevo conflicto judicial enfrenta a la Municipalidad de Puerto Montt, encabezada por el ex chico reality Rodrigo Wainraihgt, luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo dictara una medida cautelar de urgencia en favor de una funcionaria del CESFAM Padre Hurtado, dependiente de la Dirección de Salud Municipal (DESAM), quien denunció presuntos hechos de acoso laboral y vulneración de sus derechos fundamentales.

La acción judicial establece medidas de protección para la trabajadora y restringe las facultades de las jefaturas del establecimiento respecto de las instrucciones directas hacia ella. En tanto, el municipio deberá responder ante el tribunal en el marco de la demanda de tutela laboral.

La funcionaria, que cuenta con 25 años de trayectoria en el servicio municipal, denunció que su espacio de trabajo fue modificado abruptamente mientras realizaba visitas domiciliarias, sin que se le ofrecieran alternativas. Según los antecedentes expuestos en la acción judicial, al regresar habría encontrado que su box había sido ocupado y que terceros removieron sus pertenencias personales y documentación clínica.

La denuncia también señala que se habrían tomado fotografías del interior de sus cajones, imágenes que posteriormente habrían sido difundidas mediante correo electrónico institucional. Estos antecedentes forman parte de los cuestionamientos por una eventual vulneración de la privacidad de la trabajadora.

La situación se suma a otras acciones judiciales impulsadas por funcionarios de la salud municipal de Puerto Montt, quienes han denunciado presuntas modificaciones arbitrarias de funciones, traslados injustificados, hostigamiento e incumplimientos de los protocolos preventivos contemplados en la Ley Karin.

En conversación con Radio La Isla, el abogado patrocinante de las acciones judiciales, Mauricio Sáez Yévenes, valoró la medida cautelar y sostuvo que constituye un primer avance en la protección de los derechos laborales de los funcionarios.

“Las medidas cautelares otorgadas son un primer paso dentro de un proceso largo. En particular, el tribunal laboral en la causa de la trabajadora del CESFAM Padre Hurtado cauteló que no se puede alterar al arbitrio del municipio las condiciones físicas, lugar o modalidades de trabajo de los trabajadores”, señaló.

El jurista agregó que representa a una decena de funcionarios que, según indicó, han enfrentado situaciones similares al interior del Departamento de Salud Municipal, denunciando alteraciones arbitrarias de sus condiciones laborales y estabilidad en el empleo.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial, dictada el 4 de noviembre de 2026 por el juez Andrés Arteaga Jara, es la prohibición dirigida a la jefa de territorio, Camila Aros Cortés, y al director del CESFAM, Marco Agurto Velásquez, de impartir instrucciones directas a la trabajadora.

Como medida de resguardo, el tribunal determinó que cualquier instrucción necesaria para garantizar la continuidad del servicio deberá canalizarse exclusivamente a través del Departamento de Recursos Humanos de la DESAM central.

Una serie de observaciones relacionadas con la administración presupuestaria y financiera de la Municipalidad de Queilen reveló la Contraloría General de la República en su Informe Final N° 168 de 2026, correspondiente a una auditoría realizada sobre los ejercicios financieros entre el año 2024 y junio de 2025. El documento oficial, que abarca una extensión de 117 páginas con múltiples hallazgos e irregularidades detectadas por el ente fiscalizador, fue recepcionado por el municipio el pasado 25 de septiembre.

Sin embargo, el edil Manuel Godoy cuestionó que sus resultados fueran puestos en conocimiento del concejo municipal recién el martes 3 de noviembre, acusando que la administración comunal liderada por el alcalde Marcos Vargas se demoró más de un mes en informar sobre los antecedentes del organismo fiscalizador. Cabe destacar que Contraloría había instruido que el documento fuera leído en la primera sesión del concejo posterior a su notificación, situación que no se habría cumplido oportunamente.

Aumentos presupuestarios y pagos observados

Entre los principales hallazgos del extenso informe figuran modificaciones presupuestarias por más de $456 millones durante 2024, que no habrían contado con el debido respaldo normativo ni se habrían efectuado dentro de los plazos establecidos. A esto se suman pagos superiores a los $90 millones que fueron objetados por carecer de los respaldos de devengo exigidos por la normativa contable, además de egresos que superaron los $70 millones y que se habrían realizado sin los respectivos decretos de pago.

Godoy manifestó su preocupación por estas observaciones y planteó que parte de las modificaciones presupuestarias se habrían producido en un año marcado por las elecciones municipales, incluyendo recursos destinados a ayudas sociales y otras partidas.

Concejal acusa nuevas modificaciones presupuestarias en 2026

El concejal también advirtió que situaciones similares se habrían repetido durante el presente año, apuntando a modificaciones presupuestarias que, según denunció, se realizaron sin pasar por la aprobación del concejo municipal:

«En el año 2026 pasó algo similar. El alcalde con el jefe de finanzas nuevamente aumentó el presupuesto municipal en $251 millones sin pasar por el concejo municipal. Aprobamos un presupuesto cercano a los $5.300 millones y en mayo nos enteramos de que lo habían modificado a $5.500 millones y fracción. Al parecer es una práctica reiterada», sostuvo Godoy.

Estas declaraciones abren nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos de control y la participación del concejo municipal en las decisiones relacionadas con las finanzas comunales.

Contraloría mantuvo las observaciones y fijó plazo de 60 días hábiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Municipalidad de Queilen presentó sus descargos tras recibir el preinforme de auditoría. No obstante, la Contraloría mantuvo la mayor parte de las observaciones, debido a que los antecedentes entregados por el municipio no permitieron acreditar suficientemente las operaciones cuestionadas.

El organismo fiscalizador estableció un plazo de 60 días hábiles para que la administración municipal regularice la documentación y adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas.

Sin embargo, Manuel Godoy advirtió que algunas de las situaciones observadas, particularmente aquellas relacionadas con modificaciones presupuestarias realizadas fuera de los plazos legales, no podrían revertirse mediante la presentación posterior de antecedentes.

El informe de Contraloría vuelve a poner bajo escrutinio la gestión financiera del municipio de Queilen y plantea interrogantes sobre los procedimientos administrativos utilizados, la autorización de los gastos y los mecanismos de fiscalización interna de los recursos públicos.