Las versiones apuntan a conversaciones del ministro del Interior con transportistas de la provincia, en medio de la movilización por el alza de los combustibles. La situación reabre cuestionamientos por sus vínculos empresariales con estaciones de servicio en la zona.

Una nueva controversia podría involucrar al ministro del Interior, Claudio Alvarado, luego de que surgieran versiones sobre supuestas gestiones con transportistas de Chiloé para evitar que camioneros de la provincia se sumen al paro nacional, en medio del conflicto por el incremento de los combustibles.

Según las versiones atribuidas a camioneros, el secretario de Estado habría mantenido conversaciones con representantes del transporte de la provincia para evitar que se adhieran a la movilización, considerando las eventuales consecuencias que una paralización podría tener sobre el abastecimiento de combustible y el funcionamiento de actividades productivas, particularmente la industria salmonera.

La situación adquiere especial relevancia debido a los antecedentes publicados por El Desconcierto en enero de 2026, que dieron cuenta de los negocios del ministro a través de la empresa Inversiones El Alba, vinculada al rubro de las estaciones de servicio y que habría mantenido contratos con distintos organismos públicos por más de $100 millones.

El reportaje también puso atención en la presencia de estos negocios en Chiloé, territorio que Claudio Alvarado representó durante cuatro periodos parlamentarios.

En su momento, el ahora ministro debió responder públicamente a los cuestionamientos surgidos por sus inversiones empresariales, en un escenario que vuelve a instalar interrogantes ante la actual crisis por el precio de los combustibles.

La controversia se produce mientras el paro de camioneros genera presión en distintas rutas del país y el conflicto comienza a involucrar también a otros sectores del transporte, como buses y taxis, sin que el Gobierno haya logrado alcanzar un acuerdo.

Por ahora, las supuestas gestiones de Alvarado con transportistas de Chiloé requieren una confirmación oficial, así como antecedentes que permitan establecer el alcance de las conversaciones y si existió alguna solicitud directa para que los camioneros no participaran en la movilización.

La pregunta que queda instalada es si hubo gestiones del ministro para evitar una paralización en Chiloé y cuáles fueron los argumentos entregados a los representantes del transporte.

Imagen creada con AI – Contexto

A casi seis meses de su salida del Ministerio de Seguridad Pública, la exministra Trinidad Steinert asumirá un nuevo cargo en el extranjero, luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast confirmara su designación como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a T13, señalando que la principal misión de la exsecretaria de Estado será colaborar en la coordinación de los esfuerzos regionales para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

Dentro de sus nuevas funciones estará el trabajo asociado al denominado Compromiso de Santiago, acuerdo suscrito el pasado 28 de mayo en la capital chilena por los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se incorporaron Paraguay y Uruguay.

La designación se produce luego de la salida de Steinert del Gobierno, ocurrida el 19 de mayo, cuando dejó el Ministerio de Seguridad Pública después de permanecer apenas 69 días en el cargo.

Su salida estuvo marcada por una controversia relacionada con la remoción de la entonces jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, situación que generó cuestionamientos políticos y tensiones al interior del Ejecutivo.

Desde Cancillería destacaron la trayectoria profesional de Steinert, quien cuenta con más de 20 años de experiencia como fiscal, período en el que desarrolló investigaciones contra organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de migrantes y redes de explotación sexual, principalmente en el norte del país.

Asimismo, fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile entre 2017 y 2019, y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales entre 2018 y 2019.

Con esta designación, la exministra vuelve a asumir responsabilidades en el ámbito público, esta vez desde una representación diplomática orientada a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y persecución del crimen organizado.