Bajo un contexto de cierta incomodidad e incertidumbre, se desenvuelve la realidad política de la comuna de Queilen, todo esto ante presuntas faltas a ciertas obligaciones, en específico en lo referente a una licitación impulsada desde el municipio.
Es que tras una reciente revisión realizada por la Contraloría General de la República sobre el proceso de licitación del “Servicio de Aseo a la Comunidad 2025” quedó en evidencia una serie de irregularidades que, aunque no han sido calificadas como ilegales de forma definitiva, sí configuran un preocupante cuadro de incumplimientos normativos y administrativos por parte del municipio.

Tal informe fue emitido a raíz de una presentación realizada por la concejala Karina Remolcoy, quien cuestionó la legalidad del procedimiento mediante el cual se adjudicó el contrato de recolección de residuos domiciliarios, licitación que finalmente recayó en un único oferente, he aquí el grueso de la cuestión. Contraloría confirmó que dicho contrato, por un monto cercano a los 200 millones de pesos, no fue sometido al trámite obligatorio de toma de razón, un requisito indispensable establecido por el artículo 6° de la Ley N° 19.886, en conjunto con el Decreto N° 316 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Asimismo, tampoco fueron visadas las bases por la unidad de control municipal, como exige la normativa vigente, según también afirmó la edil. Esta omisión debilita la transparencia del proceso, especialmente en casos como este, donde solo se presenta un oferente, dicha omisión pasa a ser polémica más desde la ética que desde la legalidad misma. De hecho, las bases incluyeron una variedad de actividades ajenas al servicio de recolección de basura —como la mantención de jardines, apoyo en eventos municipales, limpieza de playas y tareas de matarife—, lo que confunde el alcance del contrato y enturbia su justificación.

Bajo reserva, Remolcoy apuntó a un punto especialmente delicado: “La municipalidad contrata a una empresa por un monto millonario, mientras sigue entregándole camiones, choferes y combustible. Si se anula el contrato, igual seguiría funcionando con personal municipal. Entonces, ¿por qué se externaliza?”. Su inquietud cobra aún más fuerza si se considera que la misma Contraloría ha recordado al municipio – comandado por Marcos Vargas Oyarzún – que, al contar con los medios humanos y materiales, debe justificar con claridad cualquier decisión de externalización de servicios.

Desde el municipio, el alcalde Vargas admitió en off que ya estaban al tanto de las observaciones del ente fiscalizador. Reconoció que el principal error fue no haber considerado una modificación legal introducida a fines de 2024, que establece nuevas exigencias de control y supervisión para este tipo de licitaciones. También sostuvo que la situación será regularizada en los próximos días, mediante el envío de los antecedentes solicitados, y que el servicio no se verá interrumpido.

No obstante, el informe no solo tiene implicancias para el presente. Contraloría fue enfática al advertir que en futuras licitaciones —como la ya anunciada para 2026— no se podrán incluir tareas que no estén estrictamente relacionadas con la recolección domiciliaria de residuos. De lo contrario, se estaría incumpliendo la ley, exponiendo al municipio a eventuales nulidades contractuales y sanciones administrativas.

Con todo, si bien el informe aún no se pronuncia sobre responsabilidades concretas, la situación deja instalada una señal de alerta. La falta de rigurosidad en procesos tan sensibles como el manejo de los residuos sólidos domiciliarios no solo compromete la legalidad administrativa, sino también el uso eficiente de los recursos públicos. La confianza ciudadana en la gestión municipal exige algo más que correcciones a posteriori: requiere garantías de que los procedimientos se ajustan, desde el principio, a los principios de transparencia, probidad y legalidad.

Jefes comunales de la provincia advierten que, por primera vez, la Subdere no estaría financiando programas históricos de inversión local, lo que podría paralizar obras fundamentales en salud, deporte e infraestructura básica.

Una profunda preocupación expresaron los alcaldes de la provincia de Chiloé frente a la drástica disminución de recursos entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), afectando directamente la viabilidad de proyectos esenciales para el bienestar y desarrollo de sus comunas.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, fue el primero en encender las alarmas al denunciar públicamente que la Subdere no cuenta con fondos para financiar iniciativas del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) ni del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), a pesar de que muchas ya estaban declaradas elegibles. “Por primera vez en la historia, la Subdere no tiene recursos para estos programas fundamentales”, afirmó el edil de la capital regional de Los Lagos.

Sus pares de Chiloé respaldaron sus declaraciones, manifestando su inquietud por el impacto que esta situación tendrá en sus comunas. El alcalde de Queilen, Marcos Vargas, señaló que si bien la comunicación con la Subdere es constante, “este año el PMU tiene menos recursos que el anterior, lo que no significa que no existan recursos, sino que hay menos plata”. Respecto al PMB, indicó que sí existen fondos, pero que se ha solicitado priorizar proyectos que estén en línea con una disminución de los montos disponibles, agregando que en su comuna tienen iniciativas aprobadas que aún esperan financiamiento, como la infraestructura del Club Deportivo Bernardo O’Higgins y el cierre perimetral del Club Deportivo Aucar, obras fundamentales para el desarrollo comunitario.

El alcalde de Quemchi, Javier Ugarte, expresó una situación similar, señalando que en su comuna tienen proyectos elegibles tanto en PMU como en PMB, pero que hasta la fecha no han recibido respuesta clara sobre si se entregarán los recursos. “Preocupa esta situación, estos son proyectos que vienen trabajándose desde hace tiempo y que hoy están en riesgo por la falta de financiamiento”, declaró.

En la comuna de Curaco de Vélez, la alcaldesa Javiera Yáñez indicó que históricamente la Subdere ha apoyado a los municipios en diversos proyectos y que confía en que durante el año se asignen nuevos recursos, aunque reconoció una disminución evidente en comparación con ejercicios anteriores. Señaló que su administración ha presentado iniciativas por más de 200 millones de pesos en distintas líneas de financiamiento, y que, pese a los esfuerzos, los fondos aún no han llegado, generando preocupación en su equipo municipal.

Desde Puqueldón, el alcalde Alejandro Cárdenas reconoció que existe lentitud en el tema y que, aunque ha habido demoras antes, en esta ocasión aún no se han recibido recursos, pese a que ya están aprobados. “Está todo muy lento”, afirmó.

Según una minuta elaborada por la Subdere Los Lagos, entre los años 2018 y 2024 se ha asignado un 54% más de fondos vinculados exclusivamente a los programas PMU y PMB respecto al periodo anterior. No obstante, el mismo documento reconoce que este año los montos asignados han sido menores, en el marco de un proceso de descentralización acompañado por nuevas fórmulas de asignación presupuestaria.

El informe destaca que comunas como Quellón han visto importantes incrementos de recursos en los últimos años. En ese caso, se reporta una asignación de $2.025.103.222 durante el actual periodo, lo que representa un alza del 219% respecto al gobierno anterior. Puerto Montt, por su parte, habría recibido un 93% más de fondos en igual periodo. También se subrayan inversiones emblemáticas en la región, como la construcción de nuevos edificios consistoriales en Chaitén y Dalcahue, ambos financiados en un 60% por la Subdere, con más de 5.900 millones de pesos y 4.400 millones de pesos, respectivamente.

La minuta afirma que estos avances reflejan una apuesta por la equidad territorial, y que se continuará apoyando a las comunas con mayores necesidades, aunque en la práctica, los alcaldes coinciden en que el actual escenario genera incertidumbre y podría traducirse en la paralización de iniciativas prioritarias para el desarrollo local.

“Seguimos trabajando con esperanza, pero sin certezas”, concluyó el alcalde de Quemchi, reflejando el sentimiento generalizado entre los ediles de Chiloé ante la disminución de recursos provenientes de la Subdere.

El alcalde de Queilen, Marcos Vargas Oyarzún, informó a través de sus redes sociales que el nuevo Hospital Comunitario de la comuna ha alcanzado un avance físico del 97%. Este proyecto, que representa una inversión del Ministerio de Salud (MINSAL) de $29 mil millones de pesos, contará con más de 5.000 metros cuadrados de infraestructura.best replica watches uk

El alcalde destacó la importancia de la obra para los más de 6.000 habitantes de Queilen, asegurando que este nuevo hospital marcará un antes y un después en la atención de salud de la comuna. Replica Omega «Trabajarán más de 200 funcionarios en este nuevo recinto y esperamos que pueda ser ojalá inaugurado el segundo semestre del 2025», señaló Vargas Oyarzún.replica Rolex watches

Este avance resalta como un paso significativo para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en la localidad.buy replica Rolex daytona

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