La presentación del artista urbano en la Fiesta de la Palta Crucina reavivó la controversia por su participación en una actividad municipal, luego de que en septiembre la Fundación Fuerza Ciudadana acudiera a Contraloría para solicitar que se fiscalizara su contratación. Vera permanece sujeto a medidas cautelares en una investigación por violación grupal a una menor de edad.

Nuevos cuestionamientos enfrenta la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, militante del Partido Socialista, tras la presentación del cantante urbano Jairo Vera en la Fiesta de la Palta Crucina, realizada durante el fin de semana.

La controversia se generó luego de que la jefa comunal entregara un galardón al artista durante su presentación e invitara a niños de la comuna a subir al escenario para fotografiarse con él. La situación provocó indignación entre algunos vecinos, quienes cuestionaron la decisión municipal considerando la investigación judicial que enfrenta el cantante.

Vera se encuentra con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia, en el marco de una causa por el delito de violación a una menor de edad. Para participar en el evento, el artista debió solicitar autorización, según los antecedentes entregados para esta publicación.

Polémica ya había llegado a Contraloría

La participación del cantante en la celebración no estuvo exenta de cuestionamientos desde que fue anunciada. El pasado 10 de septiembre, la Fundación Fuerza Ciudadana acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar una fiscalización sobre la legalidad de su incorporación a la parrilla artística de la fiesta organizada por el municipio.

La presentación fue impulsada por el abogado Raimundo Palamara, quien solicitó esclarecer quién propuso y autorizó la contratación, qué antecedentes manejaban las autoridades municipales y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar al artista.

La organización también pidió revisar la eventual utilización de recursos del Gobierno Regional de Valparaíso y determinar si los gastos asociados al evento se ajustaban a los proyectos y convenios correspondientes. En esa oportunidad, la Municipalidad de La Cruz declinó entregar declaraciones a BioBioChile sobre la controversia.

Cuestionamientos por actividad de carácter familiar

El debate se centra ahora no solo en la contratación del artista, sino también en la decisión de la alcaldesa de entregarle un reconocimiento e invitar a menores de edad a compartir con él sobre el escenario, en el contexto de una celebración municipal.

Los cuestionamientos apuntan a los criterios considerados por la administración comunal para mantener la presentación y destacar públicamente al cantante, pese a los antecedentes judiciales conocidos.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los municipios al seleccionar artistas para eventos financiados con recursos públicos y dirigidos a familias, especialmente cuando existen investigaciones judiciales de esta gravedad.

Sin embargo, la causa contra Vera continúa en curso y el artista no ha sido condenado por estos hechos. Su situación judicial debe ser resuelta por los tribunales, respetando la presunción de inocencia.

Hasta el momento, los antecedentes disponibles no permiten establecer si Contraloría ya emitió un pronunciamiento sobre la presentación realizada por la Fundación Fuerza Ciudadana ni si la Municipalidad de La Cruz entregó una respuesta formal a los cuestionamientos surgidos tras el espectáculo.

El ex director de Seguridad Pública dejó sus funciones durante la mañana de este viernes, luego difundiera la acusación del periodista Patricio Oñate. En un comunicado, el alcalde Baltazar Elgueta atribuyó la salida a motivos personales y destacó el trabajo del ex funcionario, sin pronunciarse sobre la grave denuncia.

Una fuerte repercusión generó en Castro la denuncia pública del periodista Patricio Oñate contra Alejandro Pino, quien hasta este viernes se desempeñaba como director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro. La acusación apunta a una conexión eléctrica no autorizada desde la propiedad de Oñate hacia el portón del ex PDI.

Durante la mañana de este viernes, Pino dejó sus funciones en el municipio, luego de que Radio La Isla diera a conocer los antecedentes de la acusación. Su salida marca el término de sus labores en uno de los cargos de confianza del alcalde Baltazar Elgueta, donde se desempeñaba desde enero de este año.

Tras conocerse su renuncia, el jefe comunal difundió un comunicado en el que se refirió a la salida del ahora ex director, poniendo el énfasis en agradecer el trabajo realizado durante su permanencia en la administración municipal.

“Respecto de las razones expresadas en su carta de renuncia, manifiesto mi respeto por su decisión y por su determinación de abordar asuntos de carácter personal en el ámbito que corresponde”, señaló Elgueta.

En la misma declaración, el alcalde agradeció a Pino “por el trabajo realizado y por la labor desarrollada en materia de seguridad comunal, prevención del delito y coordinación con las distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública”.

Sin embargo, el pronunciamiento del jefe comunal no abordó directamente la denuncia difundida por Radio La Isla ni se refirió a los antecedentes expuestos públicamente por Oñate, centrando su mensaje en los motivos personales invocados para explicar la renuncia y en el reconocimiento a la gestión del ex funcionario.

La denuncia que antecedió a su salida

La controversia se originó luego de que el periodista Patricio Oñate denunciara públicamente una conexión eléctrica irregular vinculada a su inmueble. En una transmisión en vivo a través de redes sociales, el comunicador expuso su versión de los hechos y señaló que recibió una cuenta de electricidad por $401.200, monto que consideró considerablemente superior a su consumo habitual.

Ante esta situación, Oñate indicó que solicitó una revisión técnica a la empresa Saesa para esclarecer el origen del cobro y las circunstancias de la conexión cuestionada.

La denuncia involucra al ahora ex director de Seguridad Pública, quien anteriormente perteneció a la Policía de Investigaciones (PDI), y ha generado cuestionamientos en torno a un funcionario que formaba parte del círculo de confianza del alcalde Elgueta.

Hasta ahora, los antecedentes expuestos públicamente deben ser esclarecidos para determinar las circunstancias de la conexión denunciada y las eventuales responsabilidades que pudieran establecerse.

La salida de Pino se concretó el mismo día en que la acusación tomó mayor notoriedad pública, mientras que el comunicado municipal se limitó a informar sobre su renuncia por motivos personales y a agradecer los servicios prestados, sin entregar una respuesta directa sobre la denuncia que motivó su salida del cargo.

El comunicador aseguró que una inspección técnica de Saesa detectó una conexión no autorizada desde su empalme para alimentar el portón eléctrico de una propiedad vecina. Afirma que recibió una cuenta de luz por $401.200 y anunció acciones ante la Fiscalía, además de emplazar al alcalde Baltasar Elgueta a pronunciarse sobre el caso.

Una grave denuncia realizó durante la tarde de este jueves el destacado periodista Patricio Oñate, radicado en la comuna de Castro, quien a través de una transmisión en vivo por Facebook acusó una presunta conexión eléctrica no autorizada que, según afirmó, habría beneficiado durante aproximadamente un año a su vecino, identificado por el comunicador como Alejandro Rigoberto Pino Medina, actual director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro y ex funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

En su transmisión, Oñate relató que la situación quedó al descubierto luego de recibir una cuenta de electricidad por $401.200, monto que consideró excesivo en comparación con sus consumos habituales. Ante esta situación, acudió a Saesa para solicitar una revisión técnica de la instalación eléctrica de su propiedad.

Según expuso el periodista, personal de la empresa eléctrica inspeccionó el lugar y detectó una derivación desde su empalme hacia el portón eléctrico de la propiedad colindante. De acuerdo con el informe técnico que Oñate mostró en el video, la conexión habría provocado que el consumo asociado al portón quedara registrado en su propio medidor y, por consiguiente, fuera incorporado a su facturación.

El comunicador sostuvo que el elevado consumo también coincidiría con trabajos de reparación y mantención del portón realizados durante junio y julio, período en el que, según su relato, se habrían utilizado herramientas eléctricas, incluida una soldadora.

Durante la transmisión, Oñate identificó directamente a Alejandro Rigoberto Pino Medina como el vecino al que atribuye la instalación de la conexión cuestionada. Según señaló, el funcionario habría argumentado que existía un acuerdo previo con el antiguo propietario del inmueble, situación que, afirmó, nunca le habría sido comunicada tras adquirir la propiedad hace aproximadamente un año.

El periodista manifestó su indignación por lo ocurrido y aseguró que inicialmente llegó a considerar reducir el uso de estufas eléctricas en su hogar para enfrentar el elevado costo de la cuenta, incluso cuestionando el consumo de sus propios hijos, antes de conocer los resultados de la inspección.

“Yo, preocupándome de que mis hijos no siguieran gastando luz, cuando el gasto venía del otro lado”, expresó durante el registro audiovisual, cuestionando que el presunto consumo de terceros terminara afectando económicamente a su familia.

Oñate también indicó que, de acuerdo con la revisión realizada por Saesa, la derivación fue desconectada a solicitud suya. Además, sostuvo que anteriormente se habrían producido cortes del automático eléctrico de su vivienda, situación que ahora relaciona con posibles problemas en la instalación, aunque este último punto deberá ser aclarado técnicamente.

Emplaza al alcalde y anuncia acciones legales

En el video, el comunicador emplazó al alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, y solicitó que se realice una fiscalización para verificar las condiciones de la instalación y determinar las eventuales responsabilidades.

Asimismo, pidió la intervención de inspectores municipales y de las unidades correspondientes, considerando que la persona a la que acusa ocupa un cargo relacionado precisamente con la seguridad pública comunal.

Oñate anunció que recurrirá a la Fiscalía y que evalúa acciones legales por los perjuicios económicos que asegura haber sufrido. También planteó la posibilidad de demandar al municipio, argumentando que el involucrado es un funcionario que ejerce una responsabilidad directiva dentro de la administración comunal.

Durante la transmisión, el periodista mencionó una remuneración mensual de $3.391.170 atribuida al director de Seguridad Pública, además de una eventual pensión por su anterior trayectoria en la PDI. Estos antecedentes fueron expuestos por el propio denunciante y requieren verificación independiente.

Solicita explicaciones públicas

La denuncia abre interrogantes sobre las circunstancias en que se habría realizado la conexión eléctrica, el tiempo durante el cual habría permanecido operativa y las eventuales responsabilidades que pudieran establecerse a partir de los antecedentes técnicos y de las acciones que anunció el comunicador.

Hasta contar con una versión de la otra parte, las acusaciones formuladas por Oñate deben entenderse como denuncias que requieren ser investigadas y contrastadas. La existencia de una conexión no autorizada, por sí sola, no permite establecer automáticamente una responsabilidad penal ni atribuir culpabilidad definitiva a una persona.

El periodista pidió públicamente una respuesta del alcalde Baltasar Elgueta y de las autoridades municipales, insistiendo en que el caso debe ser aclarado debido al cargo que ocupa el funcionario al que apunta su denuncia.

La controversia queda ahora a la espera de eventuales pronunciamientos de la Municipalidad de Castro, del funcionario aludido y de los organismos competentes, además de la revisión de los antecedentes técnicos y judiciales que Oñate aseguró haber reunido.