La disrupción en la vida de Jorge Angulo ocurrió el 4 de abril pasado, cuando a su casa en Ñuñoa llegó la notificación de sumario sanitario, cursada por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud metropolitana.
Dice que no podía dormir pensando en cómo conseguir los cuatro millones de pesos que arriesgaba a pagar; imaginaba las situaciones de riesgo si precisaba de salir ante alguna urgencia con María de los Milagros Angulo, su hija, con el pase de movilidad de ella bloqueado: ¿qué le diría a los médicos si tuviera que llevarla a un centro de salud y no la dejaran pasar por el impedido permiso? ¿La atenderían o la dejarían a su suerte? ¿Podría su testimonio imponerse a las reglas?
Pero sobre todo, sentía la cólera por la decisión irracional de la autoridad sanitaria para tomar tales acciones contra ella.
María de los Milagros depende de su papá en un 100%. Vive con una parálisis cerebral que, en palabras de Jorge, no le permite saber qué pasa a su alrededor.
Cuando repasa el curso de los hechos, siete días después de la notificación, Jorge se recuerda en esas semanas sentado en el antejardín del hogar, día tras día, “como perro guardián”, a la espera de la fiscalización. En su voz hay una culpa por la abnegación en cuidar de “la niña”, como si fuera un castigo, “un latigazo”.
Un tiempo que, al parecer, no sirvió de nada.
Una vez al año, María de los Milagros viaja junto a su padre a Perú, él originario de allá. Se trata de un traslado como parte del seguimiento de un tratamiento que recibe.
La pandemia, sin embargo, hizo lo suyo: los países cerraron las fronteras y la movilidad se redujo al mínimo. Desde marzo de 2020, cuando las restricciones se impusieron al máximo, Jorge no pudo llevar a María de los Milagros al país del norte. Eso, hasta agosto del 2021.
“Estuvimos allá en un momento donde habían muchas restricciones para salir de Chile. Lo logramos por motivos de salud, nos dieron los permisos y cuando entramos, supimos que estábamos supeditados a las restricciones, la cuarentena y todo”, contó a ADN el padre
Las autoridades le advirtieron de la cuarentena obligatoria a la que tenía que someterse luego de salir del país: debía de estar 10 días sin salir de su casa. Ni él, ni María de los Milagros. Pensó que no sería un gran desafío: bastaba cumplir con su rutina, turnarse los cuidados de la niña con su esposa, lo normal.
Y esa normalidad fue la que, sin embargo, cambió las cosas.
“Al día siguiente, yo baño a una hora determinada y ellos (los fiscalizadores) vinieron cuando estaba haciéndole el aseo a la niña. Cuando recibo la llamada, yo sospechaba que estaba haciendo la fiscalización, cumpliendo la cuarentena. Ella (la fiscalizadora) me dice que no me había encontrado en casa, pero les dije que sí”, recordó.
Ya era tarde: el sumario había comenzado y la máquina persecutora empezaba a andar. Podía apelar, pero la burocracia olvidó algo: la condición de su hija.
Existe un margen de apelación para esta clase de situaciones: 5 días. Jorge lo leyó en la notificación. “Me acerqué con la niña a la fecha para hacer el descargo, pero me dijeron que se hacía por correo. Hice lo que había que hacer y pensé que sería suficiente“, contó Angulo.
Después de eso, todo se volvió aún más negro: la Fiscalía lo contactó por estar cometiendo una falta sanitaria. “Ellos me ponían la misma fórmula del descargo. Hice el descargo y dijeron que lo consideraron, así que lo archivaron”, resumió el padre.
María de los Milagros debía hacer lo mismo, aunque su cuerpo no se lo permitiera. Y Jorge no puede separarse de ella, al menos no en esto de llenar papeles y cumplir con la autoridad. Para él, algo natural; para las instituciones, una falta merecedora de castigo, un riesgo de propagación del virus.
Fuente: ADN