El 1 de agosto de este año el grupo hacktivista internacional Guacamaya anunció que haría públicos miles de documentos reservados de diferentes policías, milicias y órganos de seguridad de Colombia, México, Perú, El Salvador y Chile obtenidos a través de sistemáticos ciberataques en lo que llamaron la operación ‘Fuerzas represivas’.

El primer golpe lo recibió el Estado Mayor Conjunto (EMCO) de Chile, con la publicación de cerca de 400 mil correos privados de la institución que agrupa a las Fuerzas Armadas nacionales. Entre los correos se encontraron documentos reservados en que el EMCO fichó organizaciones sociales, realizó colectas y apología a presos por violaciones de derechos humanos e incluso informó a la ONU de que no existen organismos paramilitares en el país.

Si bien se teorizó que podría ser un trabajo interno, la Ministra de Interior, Carolina Tohá (PPD) afirmó que el hackeo se produjo en mayo de este año y que no fue notificado debidamente a las autoridades, cuestión que le costó el cargo al jefe del EMCO, Guillermo Paiva.

Se expuso que el gobierno de AMLO contrató el software Pegasus para infectar y pudo espiar los teléfonos de un periodista, un activista y un defensor de derechos humanos, el presidente mexicano afirmó que: “ellos tienen labores de inteligencia; no de espionaje, es distinto.

Ahora la operación ‘Fuerzas represivas’ continúa con la filtración de seis terabytes de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena). Según han informado medios de ese país que tuvieron acceso a los documentos reservados, las milicias mexicanas incurrieron en prácticas idénticas a las chilenas, espiando agrupaciones civiles, fichando líderes sociales y realizando trabajos de inteligencia interna que involucran el espionaje de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales a través del software Pegasus.

Si bien la información publicada y que fue chequeada por INTERFERENCIA tiene carácter de reservada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le bajó el perfil a la filtración al asegurar que  “¿qué es lo que dan a conocer? Lo que es de dominio público (…) No hay nada que no se sepa o que no se deba saber”.

Sin embargo, ante el reportaje de Animal Político “Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados” en que se expuso que el gobierno de AMLO contrató el software Pegasus para infectar y pudo espiar los teléfonos de un periodista, un activista y un defensor de derechos humanos, el presidente mexicano afirmó que: “ellos tienen labores de inteligencia; no de espionaje, es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas con las autoridades competentes. Estoy hablando con la verdad. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva”.

Las filtraciones

A diferencia del caso del EMCO, en que el grupo Guacamaya publicó los correos en una plataforma especial para su consulta, en parte por su menor peso, en el caso del Sedena mexicano para acceder a los seis terabytes de información de debe solicitar permiso a la web DDOSecrets.

Periodistas mexicanos de Animal Público accedieron a estos documentos y publicaron el reportaje anteriormente mencionado donde se evidenció que el gobierno de AMLO siguió las prácticas del sexenio de Enrique Peña Nieto utilizando el software Pegasus para infectar y espiar a un periodista del medio.

Según el reportaje, dentro de los documentos se encontró información referente a una garantía por $12 millones de pesos mexicanos ($560 millones chilenos) para concretar la contratación del software Pegasus.

Sin embargo, ocho meses después de que la Sedena firmara este contrato, el presidente López Obrador aseguró en conferencia que su gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje.

La comprobación fue encomendada por el medio Animal Público a Citizen Lab, laboratorio interdisciplinario canadiense que detectó la presencia de este software espía en el celular de uno de los periodistas del medio, el que fue infectado cuando se encontraba investigado casos de violación de derechos humanos por parte de militares en 2019.

Así también, periodistas de Latinus que accedieron a los documentos reservados de la milicia mexicana publicaron el reportaje “Correos Sedena: el Ejército vigila a colectivos feministas y los clasifica a la par de organizaciones subversivas”, en el que se develó que lo que parece una práctica común entre los organismos de inteligencia a nivel latinoamericano.

Se fichó a líderes del EZLN y Mon Laferte

Si bien la totalidad de los documentos no son accesibles, de todas formas los hacktivistas de Guacamaya habilitaron un sitio web público para la consulta de algunos documentos de la Sedena. INTERFERENCIA revisó algunos entre los que se daba cuenta de fichas individuales para activistas políticos, sindicales y campesinos mexicanos ligados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Así, en el documento clasificado como confidencial “Actividades realizadas por el EZLN con motivo de los ‘26 años de su irrupción pública’ (1/o. Ene. 1994)” de enero de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional identificó a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno” en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres en Lucha.

En la misma lámina, titulada “activistas y simpatizantes”, Sedena ficha a la cantante chilena Mon Laferte en un acto de solidaridad con las organizaciones del pueblo indígena nasa, realizado en el caracol Torbellino Nuestras Palabras en Chiapas el 27, 28 y 29 de diciembre de 2019 y al que asistieron más de 4 mil mujeres.

Otros documentos, en forma de presentaciones, sindican a líderes sociales incluso ligados al partido político de AMLO, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Estas fichas apuntan foto, datos personales, formación académica, experiencia laboral y vínculos políticos, en los que se les liga con el movimiento zapatista. Además, se apunta organización representante con su respectivo logo e, incluso, creencia religiosa.

Fuente: Interferencia Cl