CANTIDAD DE VICTIMAS

Diversas investigaciones judiciales han establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Se ha llegado a estimar -sin certeza- que hay 1.469 víctimas de desaparición forzada (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas), mientras 277 corresponden a personas ejecutadas políticas, sin entrega de cuerpos.

Además, estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada. Otras 1.162 no han sido localizadas.

A la fecha se ha logrado establecer responsabilidades penales respecto de la desaparición forzada de víctimas, condenado a agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades.

Al momento de emitir el decreto supremo que dio pie al Plan, el presidente Gabriel Boric, impulsor de la iniciativa, explicó que “lo que estamos haciendo es un acto de Estado, que asume la memoria como una manera donde no nos moviliza el rencor, nos moviliza la convicción de que la única manera de construir un futuro más libre y respetuoso es conocer toda la verdad”.

Agregó que “con esta política pública, que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no sólo como gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de los que nos han dicho que es posible, para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”.

Para la diputada Carmen Hertz, vicepresidenta de la Cámara y viuda del detenido desaparecido Carlos Berger, señaló que el objetivo “es determinar el procedimiento del exterminio de nuestros familiares exhumados, lanzados al mar o a otros lugares, y dar a conocer como verdad colectiva estos procedimientos”.

ABLANDAR CORAZONES

El abogado Nelson Caucoto, quien ha dedicado los 47 años de su carrera profesional a representar a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, reconoce que la medida “es un plan de búsqueda sólido, serio y necesario. Y tiene una particularidad muy importante: que no es privado, sino estatal. Es el Estado el que se hace cargo de la investigación”.

A su juicio, “es un plan fundamental, porque se realizará en todo el territorio nacional, y nosotros sabemos que hay información diseminada en todo Chile y que no ha sido entregada a las autoridades. Hay que entrevistar a conscriptos de la época, a suboficiales y oficiales de todas las fuerzas armadas y agentes del Estado”.

Para el defensor de la familia de Víctor Jara, hay otro aspecto que destacar, y es que “existe el efecto cronológico: la gente involucrada en desapariciones, mientras avanzan en edad, ablandan sus corazones, y ahora tendrán esta oportunidad histórica para contar lo que saben y que así puedan al menos dejar en paz sus consciencias”.