En medio de una compleja situación de inseguridad vivida durante décadas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adoptó medidas excepcionales para tratar de detener el alto número de asesinatos realizados en fecha reciente por las pandillas organizadas en ese país, con más de 60 000 miembros, según cálculos extraoficiales.
A fines de marzo pasado, el accionar de los dos principales grupos de delincuentes —Mara Salvatrucha y Barrio 18— sumó como mínimo 14 homicidios en un día, y al siguiente 62, las cifras más altas de asesinatos desde el año 2000 en dos jornadas.
Hasta esa fecha, la mayor matanza en un solo día, con 51 muertos, ocurrió en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992).
Bukele, 40 años, de ascendencia palestina y exalcalde de San Salvador, con un respaldo popular del 91 % en la actualidad, asumió el gobierno en 2019 con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios. Su reacción inmediata ante la osadía de las pandillas fue reforzar la seguridad en las calles y de inmediato solicitó al Congreso Nacional aprobar el estado de excepción, ya en su segundo mes.
El artículo 29 de la Constitución salvadoreña establece que tal emergencia puede ser declarada en “casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público”.
La mayoría oficialista del Legislativo aprobó la medida, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de ser informado de las razones de arresto, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.
Nayib Bukele, centró su discurso del tercer año de Gobierno en la llamada «guerra contra las pandillas» y afirmó se está a «punto de ganar», además enfatizó que el país «es soberano e independiente».
El mandatario implementó una serie de medidas en el país para combatir el crimen organizado, la más estricta es el Estado de excepción, si bien ha permitido que muchos pandilleros sean detenidos en tiempo récord también organizaciones internacionales han repudiado la decisión de Bukele ya que dicen que existe una violación de derechos humanos, por precarias condiciones carcelarias de los reos, irregularidades en procesos judiciales y nulas garantías en las detenciones.
Amnistía Internacional solicitó al gobierno del Salvador poner fin al régimen de excepción y que habría una sanción penal de ser necesario, pero Bukele respondió que tal medida funciona y que se mantendrá en la lucha contra el crimen.
Fuente: Mega Noticias