A casi ocho meses que se revelara un horroroso caso de violencia sexual en la comuna de Ancud, finalmente la causa penal llegó «rápidamente» al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro dada la existencia de pruebas irrefutables que sindicaron a Carlos Díaz C. (49 años) como agresor sexual de una niñita de 12 años de edad.
Tal y como consignó La Opinión de Chiloé, todo quedó al descubierto en noviembre del año pasado en el Hospital San Carlos de Ancud cuando la víctima fue trasladada tras presentar un raro sangrado y dolor «abdominal» extremo, descubriéndose en medio de la atención que estos síntomas eran de origen obstétrico, lo que sorprendió a los equipos de salud, no solamente por su corta edad, sino porque ya se encontraba en el segundo trimestre de embarazo sin que, supuestamente, la madre se diera cuenta.
Según el fiscal de la causa, los ataques sufridos por la niñita se habrían registrado entre los meses de junio, julio y agosto de 2021 al interior de la vivienda de su madre, lugar al que llegaba a pernoctar los fines de semana, instancia que era aprovechada por el pederasta, quien era el conviviente de su progenitora.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que desde muy temprana edad la pequeña habría sufrido diversas vulneraciones de derechos que se mantendrán bajo reserva, siendo la responsable la propia madre, por lo que fue apartada de dicha vivienda como medida de protección (por orden judicial).
Sin embargo, a expresa petición de la mamá, el tribunal aceptó que retornara a dicho hogar, lo que a la postre habría generado situaciones de riesgo que provocaron que el oriundo de Chile Chico la ultrajara.
El delincuente habría mantenido coaccionada a la niñita para que no dijera nada, incluso cuando el embarazo se le empezó a notar, descubriéndose todo cuando llegó al nosocomio ancuditano en pleno proceso de aborto espontáneo.
Lo que se sabe hasta ahora es que la menor llegó el 18 de noviembre de 2021 con lo que parecía ser un embarazo ya avanzado, activándose de inmediato los protocolos para realizar la denuncia e iniciar la tarea de identificar a quien la habría estado agrediendo sexualmente durante todo ese tiempo.
Las primeras diligencias estuvieron a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones de Ancud, quienes pudieron identificar al imputado para su captura.
La acreditación de responsabilidad irrefutable en los hechos provino desde Concepción, lugar al que se remitieron muestras del feto al Servicio Médico Legal para practicársele exámenes de ADN, los que fueron confirmaron que Carlos Díaz C. era el violador.
Adicionalmente, se practicaron varias diligencias investigativas, entre ellas empadronamientos, entrevistas a eventuales testigos y familiares, exámenes sexológicos y psicológicos, lográndose levantar una serie de antecedentes que resultaron suficientes para un veredicto condenatorio.
El delincuente se encontraba en prisión preventiva desde el mes de diciembre del año pasado, tras emitirse una orden de captura por parte del Juzgado de Garantía de Ancud y ser detenido en plena vía pública el 1 de dicho mes.
El acusado fue encontrado culpable del delito de violación impropia de menor de 14 años, ilícito descrito y sancionado en el artículo 362 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado.
En medio del debate, los magistrados desecharon dos de las agravantes esgrimidas por la parte acusadora, esto es, que el delincuente habría utilizado superioridad de fuerza y abuso de confianza, ambos descritos en el artículo 12 números 6 y 7 del Código Penal.
El Ministerio Público de Ancud está pidiendo que se le imponga una pena de 12 años de presidio, mientras que la parte acusadora particular pidió la imposición de 20 años de cárcel.
Desde la defensa en tanto, se está pidiendo 5 años y 1 día de presidio alegando que existiría una colaboración sustancial por parte del encartado, por lo que en la sentencia que se revelará el próximo 20 de julio se sabrá si el trío de magistrados aceptará dicha tesis.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que al ser la prueba de ADN incontrovertible, la estrategia del defensor Filippo Corvalán simplemente buscaría una pena menor dado que la colaboración que habría prestado el pederasta en la investigación sería intrascendente para efectos de lograr un veredicto condenatorio.
Fuente: La Opinión
