El concejal Enrique Soto comenzó una acción fiscalizadora en la sesión ordinaria N°77 del Concejo Municipal de Castro, mediante el oficio N°280, a través del cual busca indagar eventuales irregularidades en torno al uso de viáticos municipales por parte de miembros del propio Concejo Municipal.
Es habitual que concejales y alcaldes utilicen viáticos acotados para asistir a instancias que cumplan con el fin público y resulten provechosas para la gestión municipal. El problema, no obstante, se presenta cuando esto se realiza con fines distintos o derechamente irregulares.
Además, en virtud de sus facultades legales, por medio del oficio N°290, se propone llevar adelante una minuciosa revisión del cumplimiento del contrato de parquímetros de la ciudad, concesión que para su aprobación y ejecución tuvo tan solo un voto en contra: el de Enrique Soto.
En busca de una mayor transparencia en la gestión, el concejal Soto se esfuerza por posicionarse en la vereda contraria a la de aquellos que ven en un cargo político una posición de privilegio o incluso una oportunidad de negocios.
El fiscalizador de Castro
Al concejal Soto no le falta energía, y a tan solo dos años de haber asumido el cargo, su nombre ya es sinónimo de fiscalización y no es ningún secreto que en los pasillos de la Municipalidad de Castro hay más de uno que lo considera “una molestia” debido a su costumbre de solicitar informes, documentos e indagar permanentemente.
Al joven concejal poco le interesa quien esté bajo la lupa de su acción fiscalizadora, pues su atención está puesta en la lucha contra la corrupción, en la gestión transparente y en la participación ciudadana.
El concejal independiente es también miembro del Movimiento Archipiélago Soberano, organización territorial que le solicitó al postular al cargo que su gestión fuera de dedicación exclusiva, ya que como colectividad consideran que un concejal es la primera línea de la descentralización en Chile y por lo tanto el primer contacto ciudadano con la institucionalidad. Así, su labor de concejal le ha permitido dedicar todos sus esfuerzos a su rol como servidor público y por ende lo mantiene libre de cualquier interés ligado al mundo de los negocios. Soto dice no deberle favores políticos a nadie y eso precisamente lo sitúa en una posición ideal para ejercer su rol fiscalizador.
Un claro ejemplo de su desempeño es el caso de las luminarias, en el cual el concejal logró el término del contrato que tenía la municipalidad debido a múltiples incumplimientos y provocó la elaboración de nuevas bases, cuyo contrato rige hoy en Castro y que va de la mano con una inversión millonaria que apuntó a la modernización de luces LED, lo cual hace mucho años era necesaria en el alumbrado público de la capital provincial y que se sitúa conforme a una línea de acción clara que ha planteado el concejal en su gestión: aumentar la percepción y las condiciones de seguridad comunal y la prevención del delito, lo que es una demanda transversal y urgente para los castreños.
Por otro lado, fue Enrique Soto quien consiguió, entregó y transparentó al Concejo Municipal y a los distintos gremios de la educación municipal los documentos que dejaron en evidencia los traspasos millonarios efectuados por el municipio a una desfalcada corporación y puso con ello en alerta del riesgo cierto que existe de no poder cumplir con distintas obligaciones legales del sostenedor educacional. También fiscalizó el contrato del servicio de seguridad municipal, donde denunció pagos irregulares que forzaron al municipio a efectuar cambios estructurales en relación al Inspector Técnico de Servicio (ITS) o contraparte del servicio.
Un concejal sin temor a los grupos de poder
Ya en la primera semana de su gestión como concejal, Soto puso en evidencia a su par, el concejal Jorge Luis Borquez (UDI), quien usaba de manera irregular el estacionamiento reservado municipal con su vehículo particular, valiéndose de una placa de concejal que la propia ley ya no ampara como legal para la exención de cobros.
Sus argumentos durante su reciente rechazo (el único) a la concesión de los parquímetros de Castro se volvieron tristemente proféticos, pues el acuerdo se tradujo en “un pésimo negocio para el municipio y una burla para las familias, quienes soportarán el aumento de tarifa del valor del estacionamiento”, tal como dijo en su momento.
Su más reciente jugada indagará en los gastos por concepto de viáticos y concierne directamente al alcalde y a todos los concejales, pues cree que son precisamente las autoridades electas quienes deben dar el ejemplo en el buen uso de los recursos públicos. El concejal Enrique Soto fue electo independiente para cumplir una función de fiscalización en un contexto de escasa legitimidad de las instituciones y de la clase política. A esta altura, no caben dudas de que ejerce esta función sin temor a los grupos de poder.
