El edil de Ancud valoró las gestiones del Gobierno Regional y la respuesta de Contraloría que permitió avanzar en la iniciativa. Además, llamó a impulsar medidas para enfrentar otra amenaza que afecta a los pequeños agricultores de Chiloé: los perros asilvestrados.

El concejal de Ancud, Javier Cárdenas, valoró los avances del proyecto destinado al control del visón americano en la provincia de Chiloé, destacando las gestiones realizadas por el Gobierno Regional y la respuesta favorable de la Contraloría en una segunda instancia.

La autoridad comunal sostuvo que esta iniciativa representa un paso importante para enfrentar una problemática que afecta directamente a los agricultores de la provincia, particularmente a pequeños ganaderos dedicados a la crianza de ovejas y a quienes mantienen gallineros, cuyos animales se ven amenazados por los ataques de esta especie invasora.

Cárdenas advirtió que el visón americano no solo representa un problema para la actividad productiva, sino que también constituye una amenaza para la flora y fauna silvestre del archipiélago, incluyendo especies endémicas de Chiloé.

En ese contexto, destacó el trabajo del gobernador regional y de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, encabezada por Francisco Cárcamo, por impulsar y respaldar las acciones destinadas a enfrentar esta problemática.

PIDEN AVANZAR EN EL CONTROL DE PERROS ASILVESTRADOS

Junto con valorar el avance del proyecto contra el visón americano, el concejal planteó la necesidad de ampliar las medidas de protección para los pequeños agricultores, incorporando también una estrategia para enfrentar la presencia de perros asilvestrados.

Al respecto, sostuvo que existe una responsabilidad compartida entre las autoridades para trabajar en soluciones concretas, ya sea mediante programas públicos o impulsando una discusión legislativa que permita abordar esta problemática de manera estructural.

El edil insistió en que tanto el visón americano como los perros asilvestrados representan amenazas para la actividad de los pequeños productores y el patrimonio natural de Chiloé, por lo que llamó a mantener el trabajo coordinado entre las instituciones públicas y avanzar hacia medidas que entreguen mayor protección al mundo rural.

La presentación del artista urbano en la Fiesta de la Palta Crucina reavivó la controversia por su participación en una actividad municipal, luego de que en septiembre la Fundación Fuerza Ciudadana acudiera a Contraloría para solicitar que se fiscalizara su contratación. Vera permanece sujeto a medidas cautelares en una investigación por violación grupal a una menor de edad.

Nuevos cuestionamientos enfrenta la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, militante del Partido Socialista, tras la presentación del cantante urbano Jairo Vera en la Fiesta de la Palta Crucina, realizada durante el fin de semana.

La controversia se generó luego de que la jefa comunal entregara un galardón al artista durante su presentación e invitara a niños de la comuna a subir al escenario para fotografiarse con él. La situación provocó indignación entre algunos vecinos, quienes cuestionaron la decisión municipal considerando la investigación judicial que enfrenta el cantante.

Vera se encuentra con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia, en el marco de una causa por el delito de violación a una menor de edad. Para participar en el evento, el artista debió solicitar autorización, según los antecedentes entregados para esta publicación.

Polémica ya había llegado a Contraloría

La participación del cantante en la celebración no estuvo exenta de cuestionamientos desde que fue anunciada. El pasado 10 de septiembre, la Fundación Fuerza Ciudadana acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar una fiscalización sobre la legalidad de su incorporación a la parrilla artística de la fiesta organizada por el municipio.

La presentación fue impulsada por el abogado Raimundo Palamara, quien solicitó esclarecer quién propuso y autorizó la contratación, qué antecedentes manejaban las autoridades municipales y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar al artista.

La organización también pidió revisar la eventual utilización de recursos del Gobierno Regional de Valparaíso y determinar si los gastos asociados al evento se ajustaban a los proyectos y convenios correspondientes. En esa oportunidad, la Municipalidad de La Cruz declinó entregar declaraciones a BioBioChile sobre la controversia.

Cuestionamientos por actividad de carácter familiar

El debate se centra ahora no solo en la contratación del artista, sino también en la decisión de la alcaldesa de entregarle un reconocimiento e invitar a menores de edad a compartir con él sobre el escenario, en el contexto de una celebración municipal.

Los cuestionamientos apuntan a los criterios considerados por la administración comunal para mantener la presentación y destacar públicamente al cantante, pese a los antecedentes judiciales conocidos.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los municipios al seleccionar artistas para eventos financiados con recursos públicos y dirigidos a familias, especialmente cuando existen investigaciones judiciales de esta gravedad.

Sin embargo, la causa contra Vera continúa en curso y el artista no ha sido condenado por estos hechos. Su situación judicial debe ser resuelta por los tribunales, respetando la presunción de inocencia.

Hasta el momento, los antecedentes disponibles no permiten establecer si Contraloría ya emitió un pronunciamiento sobre la presentación realizada por la Fundación Fuerza Ciudadana ni si la Municipalidad de La Cruz entregó una respuesta formal a los cuestionamientos surgidos tras el espectáculo.

El ex director de Seguridad Pública dejó sus funciones durante la mañana de este viernes, luego difundiera la acusación del periodista Patricio Oñate. En un comunicado, el alcalde Baltazar Elgueta atribuyó la salida a motivos personales y destacó el trabajo del ex funcionario, sin pronunciarse sobre la grave denuncia.

Una fuerte repercusión generó en Castro la denuncia pública del periodista Patricio Oñate contra Alejandro Pino, quien hasta este viernes se desempeñaba como director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro. La acusación apunta a una conexión eléctrica no autorizada desde la propiedad de Oñate hacia el portón del ex PDI.

Durante la mañana de este viernes, Pino dejó sus funciones en el municipio, luego de que Radio La Isla diera a conocer los antecedentes de la acusación. Su salida marca el término de sus labores en uno de los cargos de confianza del alcalde Baltazar Elgueta, donde se desempeñaba desde enero de este año.

Tras conocerse su renuncia, el jefe comunal difundió un comunicado en el que se refirió a la salida del ahora ex director, poniendo el énfasis en agradecer el trabajo realizado durante su permanencia en la administración municipal.

“Respecto de las razones expresadas en su carta de renuncia, manifiesto mi respeto por su decisión y por su determinación de abordar asuntos de carácter personal en el ámbito que corresponde”, señaló Elgueta.

En la misma declaración, el alcalde agradeció a Pino “por el trabajo realizado y por la labor desarrollada en materia de seguridad comunal, prevención del delito y coordinación con las distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública”.

Sin embargo, el pronunciamiento del jefe comunal no abordó directamente la denuncia difundida por Radio La Isla ni se refirió a los antecedentes expuestos públicamente por Oñate, centrando su mensaje en los motivos personales invocados para explicar la renuncia y en el reconocimiento a la gestión del ex funcionario.

La denuncia que antecedió a su salida

La controversia se originó luego de que el periodista Patricio Oñate denunciara públicamente una conexión eléctrica irregular vinculada a su inmueble. En una transmisión en vivo a través de redes sociales, el comunicador expuso su versión de los hechos y señaló que recibió una cuenta de electricidad por $401.200, monto que consideró considerablemente superior a su consumo habitual.

Ante esta situación, Oñate indicó que solicitó una revisión técnica a la empresa Saesa para esclarecer el origen del cobro y las circunstancias de la conexión cuestionada.

La denuncia involucra al ahora ex director de Seguridad Pública, quien anteriormente perteneció a la Policía de Investigaciones (PDI), y ha generado cuestionamientos en torno a un funcionario que formaba parte del círculo de confianza del alcalde Elgueta.

Hasta ahora, los antecedentes expuestos públicamente deben ser esclarecidos para determinar las circunstancias de la conexión denunciada y las eventuales responsabilidades que pudieran establecerse.

La salida de Pino se concretó el mismo día en que la acusación tomó mayor notoriedad pública, mientras que el comunicado municipal se limitó a informar sobre su renuncia por motivos personales y a agradecer los servicios prestados, sin entregar una respuesta directa sobre la denuncia que motivó su salida del cargo.