Una historia más añeja que la política misma, aquellos que en la Antigua Grecia se mostraba primitiva y lejos de convertirse en el sistema favorito de muchos países de la actualidad, el mismo cuento de siempre, muchas veces sin final feliz. Cuestionamientos que, en esta oportunidad, se vuelcan ante la inminente llegada de Baltazar Elgueta a la alcaldía de Castro este 6 de diciembre.

Es que por estas horas se ha desatado un ‘sistema frontal’ de dudas y críticas. Aunque Elgueta, militante del Partido Socialista, llegaría a renovar el municipio, recientes revelaciones apuntan a una posible red de designaciones políticas posiblemente impulsadas por el senador Fidel Espinoza y Manuel Ballesteros, presidente del Partido Socialista en la Región de Los Lagos, los supuestos verdaderos pesos pesados del municipio.

Se ha filtrado que los principales cargos estratégicos del municipio ya habrían sido asignados a personas estrechamente vinculadas con Espinoza y Ballesteros. Estos movimientos han levantado sospechas sobre un eventual «reparto de poder» en la capital provincial de Chiloé, poniendo en entredicho la independencia y autoridad del alcalde electo Baltazar Elgueta.

Entre los nombres mencionados destacan Cristian Torres, actual director de obras del municipio, quien asumiría como administrador municipal. Torres es conocido por su cercanía con Ballesteros, con quien comparte asados ​​y reuniones frecuentes, siendo vecinos en Castro. Otro posible nombramiento es el de Arístides Cárdenas, oriundo de Achao, exconcejal y excandidato a alcalde, quien sería designado jefe de gabinete por una amistad con el presidente regional del Partido Socialista.

Desde la misma localidad, Carmen Gloria Muñoz, íntima amiga del senador Espinoza, ocuparía un puesto clave en Secplan, mientras que Adriana Maldonado, actual encargada de Junaeb y muy cercana a Espinoza y Ballesteros, se perfilaría como la próxima encargada de Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), un área fundamental en el municipio.

Este aparente entramado ha generado críticas incluso entre miembros del Partido Socialista en Chiloé, quienes cuestionan la idoneidad de estas designaciones y denuncian la contradicción entre los discursos públicos de renovación política y la supuesta perpetuación de prácticas de «pituto» en el aparato municipal.

El rol de Espinoza y Ballesteros bajo la lupa

Las críticas no se limitan a los nombramientos. Fidel Espinoza, quien se ha caracterizado por criticar duramente las prácticas clientelistas, ahora estaría siendo señalado como impulsor de estas mismas conductas. Por otro lado, Manuel Ballesteros, exesposo de quien fuera hace un tiempo diputada, Jenny Álvarez, además de su cercanía con Espinoza, tiene un historial controvertido. Fue sentenciado en la década de los 90 por un caso que involucró a un brigadista que sufrió una grave lesión durante una campaña política en la que Ballesteros era jefe.

Ambos personajes polémicos habrían pactado la estructura de poder en el municipio, cuestionando la antes mencionada dizque autonomía del alcalde entrante. ¿Será Baltazar Elgueta un mero ejecutor de sus decisiones?, ¿Un títere?

Vuelve aquí lo repulsivo entre las promesas de una política renovada y los hechos que apuntan a un nuevo posible caso de nepotismo, amiguismo, etc. Si bien aún no se han oficializado estos nombramientos, las señales indican que Castro podría quedar bajo la influencia de un sistema político liderado por Espinoza y Ballesteros.

Este caso obliga a preguntarse si estamos ante una administración al servicio de los intereses de un grupo político o si realmente se priorizarán las necesidades de la comunidad castreña. ¿Podrá Elgueta demostrar independencia y liderazgo en este escenario, o quedará relegado a un rol de figurante? ¿Será un cómplice?

La llegada de estas figuras cercanas al poder socialista pone en el foco la necesidad de mayor transparencia y de que se evalúe con rigor la idoneidad de quienes asumen cargos públicos. Mientras tanto, y de concretarse tales movidas, ¿empezarán los ciudadanos de Castro a mirar con expectativa negativa y escepticismo el futuro de su municipio?

Sin dudas un hecho que marca un precedente en la comuna de Castro, y es que el concejal reelecto Enrique Soto logró superar el bloqueo político que había impedido la aprobación de una importante modificación a la ordenanza 22 sobre participación ciudadana, que garantiza los derechos de las infancias. La propuesta, que ha sido vista como vanguardista en la región, fue finalmente aprobada el pasado 14 de noviembre, después de un largo proceso de bloqueos y obstáculos por parte de algunos de sus colegas concejales.

Soto, quien ha sido un defensor incansable de los derechos de los niños y niñas, destacó la importancia de esta modificación, que asegura la audiencia del Concejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) al menos dos veces al año, lo que permitirá a los menores expresan sus opiniones y participan activamente en la toma de decisiones políticas que los afectan directamente. “Es un paso gigantesco hacia el reconocimiento de los derechos de los niños, tal como lo establece la Ley 21.430 y los tratados internacionales ratificados por Chile”, expresó Soto, quien fue parte de los concejales que aprobaron la iniciativa junto a sus colegas Juan Vera, Nicolás Álvarez, Ignacio Álvarez y Yoanna Morales.

Este proyecto, que fue trabajado durante el 2023 con la mesa de infancia comunal y la magistrada de tribunales de familia de Castro, María Carolina Prieto, ha sido rechazado en tres ocasiones previas. La primera fue en noviembre del año pasado, cuando algunos concejales se negaron a votarlo, a pesar del apoyo del concejal Nicolás Álvarez. La segunda vez fue en octubre de este año, cuando el concejal Soto, en su calidad de presidente del concejo, intentó nuevamente llevar a votación, pero las abstenciones de Baltazar Elgueta y Jorge Borquez impidieron el quórum necesario para su aprobación. Lo más grave de esta última ocasión fue que, a pesar de la presencia de niños en la sesión exponiendo cómo la aprobación de la modificación les beneficiaría, los argumentos de los concejales que se abstuvieron no lograron comprender el alcance de la ley ni los derechos que esta consagraba.

Con relación a esto, Soto señaló que los argumentos utilizados por algunos concejales, los cuales consideraron que la votación debía contar con el apoyo previo de los padres y apoderados del Concejo Consultivo, reflejando una postura adultocentrista que contraviene los principios establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. “Es preocupante que, a pesar de haber prometido su apoyo en octubre, algunos concejales no hayan avanzado en el reconocimiento pleno de los derechos civiles y sociales de los niños. Esto demuestra un retroceso en términos de progresismo y garantía de derechos”, comentó Soto.

La modificación aprobada el 14 de noviembre también permitirá que el Concejo Consultivo de NNA utilice la sala de sesiones del concejo municipal para sus reuniones, una medida que resalte la relevancia de estos grupos en la toma de decisiones políticas, a la vez que fortalezca la participación cívica infantil en la comuna. Soto se enfatizó que con estas dos modificaciones se abre un espacio real para que las y los jóvenes puedan expresar sus preocupaciones y propuestas de manera directa, consolidando un modelo de participación ciudadana más inclusivo y representativo.

“Es fundamental que nuestros niños y niñas puedan ser escuchados en el ámbito político. Estas modificaciones no solo son una victoria para la infancia de Castro, sino un modelo que podría replicarse en otras comunas de la región”, concluyó.

El concejal de Castro, Enrique Soto Díaz, ha mostrado su clara preocupación ante una situación, que ha calificado como “sumamente grave”. Es que el accionar fiscalizador del miembro del Concejo Municipal ha puesto en evidencia una acentuada falta de transparencia dentro de la Municipalidad, al denunciar la ausencia de respuestas a 138 oficios que ha presentado durante los últimos dos años y medio.

La denuncia fue formalizada ante la Contraloría Regional en Puerto Montt el pasado 18 de julio, cuando Soto entregó los oficios por ventanilla. Sin embargo, según sus declaraciones, a la fecha el organismo contralor tampoco ha emitido un dictamen, excediendo los 40 días hábiles establecidos para la respuesta.

«Creo que la situación es sumamente grave, ya que apunta a expresar una falta de transparencia que ha existido en la contestación de documentos que por ley y en virtud de las facultades de fiscalización me corresponde conocer», afirmó el concejal. Estas solicitudes, que abarcan una amplia gama de temas solicitados por organizaciones sociales, deportivas, culturales y medioambientales de la comuna, siguen sin obtener respuesta, lo que representa un obstáculo significativo para la labor de fiscalización realiza como concejal, según alertó el propio Soto.

El retraso en las respuestas no solo preocupa al edil en relación con la municipalidad, sino también con el propio desempeño de la Contraloría. “Ahora bien, me parece grave también que no solo la municipalidad no conteste estos 138 documentos hace meses o años, sino también es preocupante el silencio administrativo del ente contralor, quien es el llamado a verificar las irregularidades administrativas. Las causas pueden ser variadas y muy probablemente debido a una ausencia de personal, un factor clave en el engranaje del sistema. Si queremos confiar en la institucionalidad, esta debe funcionar, y claramente así, no está funcionando”, señaló enfáticamente.

Aquí confluyen varias preocupaciones, y es que, para Soto, la falta de respuesta de ambas entidades afecta directamente no solo la gestión municipal, sino también, y, sobre todo, el bienestar de los ciudadanos de Castro. Los oficios enviados por el concejal han abordado diversos temas de interés público, y la demora en su tramitación ha dejado en el aire cuestiones que podrían haber contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. “Es una pena, ya que es un obstáculo para la función concejil, aquí están en el aire requerimientos de fiscalización de distinta naturaleza, de gestión, de información que harían de Castro una mejor comuna”, subrayó.

Al margen de estas contrariedades, Enrique Soto Díaz es bien conocido por ser el único en Castro que se dedica de manera exclusiva a su trabajo, o sea a fiscalizar activamente, algo que ha hecho durante su período en el cargo. A lo largo de su gestión, ha presentado más de 450 oficios que abarcan temas relacionados con la gestión social, ambiental, cultural, deportiva y de seguridad, entre otros. Su compromiso con la transparencia y la mejora de la gestión municipal sigue siendo firme. “Este es un llamado a seguir trabajando con más ganas, siendo la voz de la gente, y demostrando las falencias institucionales que deben mejorar. Nosotros seguiremos colaborando para que esto mejore. La fiscalización es para eso, para mejorar la institucionalidad, y a través de ella la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó.