El escándalo a nivel nacional se acrecienta y, en la isla, la confianza menoscabada por aquellos trabajadores que hicieron mal uso de ciertas posibilidades, repercute como una mancha que, por lo general, salpica a altos jerarcas de la política.

Es que un total de 146 casos asociados a funcionarios públicos de instituciones de la provincia de Chiloé fueron registrados en el reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó a más de 25 mil trabajadores del Estado que salieron del país mientras se encontraban con licencias médicas vigentes.

En el listado nacional, correspondiente a 777 organismos públicos, figuran varias entidades del archipiélago. La Municipalidad de Castro aparece con 16 casos, siendo la que registra la mayor cantidad dentro de la provincia. Le siguen la Corporación Municipal de Quellón, con 77 casos; la Corporación Municipal de Curaco de Vélez, con 17; y el Servicio de Salud Chiloé, con 11. También figuran la Municipalidad de Ancud, con 5 casos; la Municipalidad de Quellón y la Municipalidad de Puqueldón, con 4 cada una; la Municipalidad de Curaco de Vélez, con 2; y la Municipalidad de Quinchao, con 1 caso.

Estas cifras corresponden a funcionarios que realizaron salidas del país durante los días en que contaban con licencia médica activa, lo que infringe la normativa que regula el reposo laboral y que exige su permanencia en territorio nacional salvo autorización específica.

El informe fue elaborado mediante el cruce de registros de la Superintendencia de Seguridad Social, Fonasa y el Servicio Nacional de Migraciones, a requerimiento de la Contraloría. Hasta el momento, ninguna de las instituciones mencionadas ha informado si ha iniciado procedimientos disciplinarios ni ha emitido declaraciones sobre los casos detectados.

La Contraloría ha anunciado que continuará con las fiscalizaciones y solicitará antecedentes a cada organismo involucrado para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.

El diputado Mauro González se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por su indisimulada defensa de los intereses de la industria salmonera en detrimento de los pueblos originarios. Su reciente propuesta, en conjunto con la diputada Marcia Raphael, de suspender la Ley Lafkenche, ha desatado una ola de críticas que apuntan directamente a su falta de respeto por los derechos de las comunidades indígenas y por los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito.

A raíz de esto, tanto abogados como organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas han alzado la voz ante lo que consideran una maniobra irregular y viciada de inconstitucionalidad. La medida, que fue aprobada en ambas cámaras del Congreso, pretende modificar una legislación que ha protegido los derechos de los pueblos originarios, especialmente en lo que respeta a la preservación de los territorios costeros. Esta ley es clave para la protección de las comunidades mapuche lafkenches y otros pueblos originarios, quienes ven en esta ley un escudo ante la expansión de industrias extractivas que afectan su forma de vida y el equilibrio medioambiental de sus territorios. De ahí que nace la preocupación de González en suspender la norma.

La alcaldesa subrogante de Ancud, Ruth Caicheo, se sumó a las voces críticas, acusando abiertamente al diputado Mauro González de actos discriminatorios a favor de la industria salmonera. «Ya es tiempo de que el Diputado Mauro González comience a respetar a los pueblos originarios», sentenció la edil suplente a través de su cuenta de Facebook, señalando que el congresista solo está actuando en beneficio de los intereses de las grandes empresas, sin considerar los derechos fundamentales de los pueblos que habitan esas tierras desde tiempos ancestrales.

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“Actualmente, está vigente la Ley Indígena, Ley Lafkenche, y el Convenio Internacional 169 ratificado en Chile. No es posible que en los últimos tiempos solo actúe sobre los intereses de la industria salmonera y no sobre los derechos fundamentales de los habitantes originarios. Es un acto discriminatorio a nuestro Pueblo”, agregó Caicheo, dejando clara su indignación.

La medida planteada por González y Raphael amenaza el sustento de aproximadamente 17.000 familias que se desempeñan en la pesca, la recolección de algas, la mariscadería y otras actividades relacionadas con el mar. Esta es una de las industrias más vulnerables del país, que, lejos de recibir el respaldo de los poderes públicos, ve cómo sus derechos se ven amenazados por una legislación que favorece a las grandes corporaciones.