Un estudio de la Comisión Nacional de Productividad determinó que una Pyme puede demorar hasta más de un año y medio en comenzar a funcionar y que las microempresas demoran, en promedio, más de 6 meses en hacerlo.
Un total de 20 hallazgos que identifican las principales regulaciones y permisos que afectan el desarrollo de proyectos de MiPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) en Chile, junto con seis recomendaciones de política pública, orientadas a reducir aquellas barreras legales definidas como innecesarias y/o ineficientes, contiene el estudio denominado “Revisión Regulatoria para Pymes”, realizado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP).
El presidente de la CNP, Raphael Bergoeing, explicó que el objetivo de esta investigación, “es que las propuestas ayuden a disminuir las trabas regulatorias observadas que, a través de extensos plazos de tramitación o elevados costos de cumplimiento, estén afectando, tanto el inicio como el desarrollo de las operaciones de las MiPyMEs en Chile”.
Agregó que, de acuerdo al análisis del estudio, “las MiPyMEs tienen grandes dificultades para enfrentar la regulación, y particularmente en el proceso de obtención de permisos, incluso básicos, situación que es una barrera, especialmente para las empresas más pequeñas. Esta realidad se hace aún más severa en un contexto de pandemia donde en menos de un año han desaparecido más de 100 mil MIPymes a causa del Covid-19”, aseveró.
Hallazgos y Recomendaciones
El director jurídico de la CNP, y coordinador de esta investigación, Cristián Romero, explicó que gran parte de la información se obtuvo a través del análisis de numerosa evidencia cuantitativa.
En este sentido, detalló que se recopilaron más de 5 millones de registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) de empresas activas desde 2005 a la fecha, determinándose que el 98% de ellas corresponde a MiPyMEs, con una participación de 62% para micro, 30% para pequeñas, y 6% para medianas.
Asimismo, especificó que se analizaron datos correspondientes a los permisos sanitarios de mayor relevancia para este tipo de empresas, “lo que implicó la identificación de más de 215 mil trámites, que corresponden al total de autorizaciones de alimentos; informes sanitarios y calificaciones industriales otorgadas en los últimos 3 años en todo el país», afirmó.
«En materia de autorizaciones de funcionamiento municipal, se realizó un levantamiento de más de 200 mil de ellas, otorgadas en 54 comunas a lo largo de todo Chile desde 2017 e incluyendo 2021”, añadió.
Puntualizó que el análisis de los datos determinó que “una microempresa requiere, en promedio, entre seis y siete meses para obtener todos los permisos que le permitan iniciar su funcionamiento, mientras las PYMEs se demoran entre 1 y 1 año y medio. Esta dificultad en obtener la autorización para comenzar a operar es la razón por la cual más del 80% de empresas pequeñas operan sin autorización de funcionamiento municipal”, reveló.
El documento puntualiza que, de aquellas empresas que hicieron iniciación de actividades ante el SII, el porcentaje que finalmente obtuvo autorización de funcionamiento municipal, se relaciona directamente con el tamaño de éstas, que para el caso de las micro, es de 13%; en pequeñas, asciende a cerca del 18%; en medianas supera el 30%, y en grandes llega al 90%.
La CNP identificó elementos comunes que permiten entender esta realidad. En primer lugar, la poca claridad tanto en el objetivo como en los requisitos para obtener los permisos, que hacen compleja la tarea de entender la normativa tanto a los emprendedores, como a los funcionarios públicos a la hora de aplicarla. A ello se suma la falta de armonización de las diversas regulaciones, incentivando descoordinaciones entre servicios públicos.
Finalmente, y si bien se han apreciado avances para simplificar algunos aspectos del proceso de obtención de permisos, en general las iniciativas que han buscado hacerlo solo enfocadas en el tamaño de las empresas han sido poco eficaces.
Para hacerse cargo de los problemas identificados, Cristián Romero detalló que se proponen tres categorías de recomendaciones: en primer lugar, el rediseño de permisos claves para el inicio de operaciones de MiPyMEs, enfocándose en otorgar certeza en cuanto a sus fundamentos y requisitos. Ello implica modificar el informe sanitario y la autorización de funcionamiento municipal.
En ambos casos precisando con claridad su objeto de protección, para luego simplificar su tramitación, de manera de otorgar claridad y previsibilidad tanto a los emprendedores que los requieren, como a los funcionarios que deben otorgarlos.
“Por otro lado, contar con información de mejor calidad, para apoyar tanto a los emprendedores en el proceso de poner en marcha sus proyectos, como de los servicios públicos, a fin de contar con evidencia que permita identificar en forma permanente los espacios de mejora, tanto en sus procesos, como en la normativa aplicable. Para ello, se propone desarrollar guías que faciliten la tramitación por parte de emprendedores, incorporando los permisos más utilizados, así como sus requisitos de tramitación y otorgamiento”, explicó.
Señaló que además, se hace necesario armonizar diversas normativas sectoriales requeridas para emprendimientos MiPyMEs, de manera de facilitar la coordinación de las diversas entidades involucradas en la evaluación de un mismo tipo de proyecto.
Finalmente, concluyó que es clave mejorar la disponibilidad de información a nivel municipal acerca de permisos otorgados, de manera de permitir un mejor seguimiento y evaluación del proceso.
Fuente: elmostrador.cl
