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Según ISAPRES, la ley corta del gobierno es un «engaño»

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La Asociación de Isapres calificó como un «engaño» la ley corta del Gobierno que busca hacer factible el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras restituir los cobros en exceso desde 2019, pagos que superan los $1.400 millones de dólares.

¿Qué dijeron las isapres?

En un video, el presidente de la asociación, Gonzalo Simón, expresó que «el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos».

Añadió que «la propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapre y en particular con los enfermos».

«Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión», agrega.

«Cierre por secretaría»

También afirma que «la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas».

«Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud», concluye la declaración.

El proyecto

El proyecto ingresado al Senado contempla que serán las propias aseguradoras las que delinearán el plan de pago, otorgándoles un plazo de seis meses para aquello.

El monto total que las isapres deberían devolver a los afiliados asciende a $1,1 billones de pesos (más de $1.400 millones de dólares).

Fuente: Mega Noticias

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Diputado Bórquez propone que no se le cobren derechos de aseo municipal a los más vulnerables

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El diputado Fernando Bórquez (Ind.-UDI), impulsó esta semana un proyecto de ley que tiene por objeto establecer la caducidad de la acción ejecutiva de cobro de derechos de aseo municipal, la cual operará de pleno derecho, explicó el legislador, luego de “tres años contados desde que la obligación se hizo exigible, solo respecto de personas mayores y quienes pertenezcan al 40% más vulnerable de la población”.
 
El parlamentario explicó que los municipios “tienen la facultad de rebajar una proporción de la tarifa o eximir del pago de ésta a los usuarios que tengan una situación económica que lo justifique, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en las ordenanzas municipales que regulan la fijación de tarifas de aseo municipal. Además, quedan exentos de manera automática los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o menor a 225 Unidades Tributarias Mensuales”.
 
“El hecho de que cada municipalidad decida a quien exime de pago y a quien no”, agregó Bórquez, “genera una discriminación entre personas que habitan municipios distintos, pues queda a criterio de las autoridades municipales decidir quién cumple con los requisitos socioeconómicos suficientes para no pagar. Así, pueden existir dos personas habitantes de comunas diferentes, cuya situación económica sea idéntica, pero que sólo una de ellas esté obligada a pagar derechos de aseo porque su municipio así lo exige, pese a que esté enfrentando dificultades económicas”.

Sin ir más lejos, Bórquez afirmó que la legislación actual “deja en total olvido a un grupo de la población que sufre constantemente a causa de las dificultades económicas que trae consigo la vejez en la mayoría de los casos. Pues bien, es posible que muchas personas mayores hayan adquirido durante su vida laboral el dominio de bienes inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 225 Unidades Tributarias Mensuales, y que hoy en día sus pensiones sean insuficientes para costear la gran cantidad de gastos que trae consigo la mantención de una propiedad, tal como ocurre con los derechos de aseo municipal”.

“Sumando a lo anterior, los municipios de nuestro país no cuentan con la facultad de declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal, por lo que, incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas al no existir ninguna ley ni reglamento que así las faculte”, subrayó el representante del Distrito 26.

Por ello, Bórquez aseguró que se hace necesario “tener en consideración la recesión económica que estamos viviendo, poniendo especial énfasis en aquellos grupos que luchan constantemente contra la falta de recursos. Estos grupos son constituidos por las personas mayores de nuestro país y por el 40% más pobre de la población. En muchos casos viven en estado de vulneración y en malas condiciones sociales, por lo que se requieren medidas que faciliten la prescripción de las deudas de aseo municipal que tienen estas personas, considerando que esta carga genera grandes agravios en sus ingresos”.

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Diputado Bórquez ingresó proyecto para aumentar dotación de Policía Marina

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“Es muy necesario sobre todo para controlar el narcotráfico en Quellón”, dijo el parlamentario

El diputado Fernando Bórquez (Ind.-UDI) -en el marco de una reunión que se realizó en una visita de la Ministra de Interior, Carlina Tohá, a la región de Los Lagos el pasado mes de marzo- le solicitó a la secretaria de Estado y al Comandante en Jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza, otorgar mayores recursos y atribuciones para la Policía Marítima para un óptimo desempeño de sus funciones enfocado principalmente en la dotación.

Previamente a la reunión sostenida en la ciudad de Puerto Montt con la ministra de Interior, el legislador ya había realizado un llamado al gobierno para entregar mayores recursos a la Policía Marítima dependiente de la Directemar, de manera de contar con las herramientas necesarias para evitar que bandas de narcotraficantes entren a los puertos de Chiloé y el resto del país en los más de 5 mil kilómetros de costa.

“Para respaldar esta solicitud y que el gobierno la priorice, hoy ingresé un proyecto de resolución para dar trámite a la iniciativa de la Policía Marítima, enfatizando que la distribución de los nuevos funcionarios debe ser de manera equitativa a nivel nacional y que se debe considerar a las costas de Chiloé y Palena para resguardarlas del narcotráfico que se han generado en estos puertos. Además, entregarán tranquilidad a la comunidad”, explicó el diputado Bórquez

Durante la sesión de esta semana en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, el Gobernador Marítimo de Valparaíso, Javier Martínez, anunció que cuentan con una propuesta que entregarán al Gobierno para ser ingresada a la Cámara de Diputados. El objetivo es fortalecer a nivel nacional la dotación de personal considerando un incremento de 500 nuevos funcionarios y 125 oficiales para reforzar las policías marítimas.

Al respecto, Bórquez valoró que su solicitud haya sido escuchada, ya que se enmarca en la solicitud realizada y que busca “resguardar las costas de nuestro país y sobre todo de nuestra región, es muy necesario sobre todo para controlar el narcotráfico en Quellón y el tráfico de vehículos robados que están siendo ingresados en nuestra isla, entre otros delitos que se suscitan al no contar con el personal necesario que resguarde nuestras costas”.

 

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El árbol presidencial ya no convoca: poca asistencia a marcha de apoyo al presidente Boric en Punta Arenas

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Este sábado se efectuaron una serie de manifestaciones a lo largo del país que, pese a tener como centro al presidente Gabriel Boric, se agrupan en dos bandos contrapuestos: por un lado, quienes exigían su renuncia, mientras que por el otro sus simpatizantes le demostraron su apoyo al mandatario en funciones.

Pese a que las manifestaciones en Santiago captaron, naturalmente, toda la atención, un hecho curioso ocurrió en Punta Arenas, ciudad natal del jefe de Estado, y específicamente en el llamado “árbol presidencial”.

La convocatoria para demostrar públicamente el apoyo del pueblo hacia Boric dejó una imagen desabrida este sábado en Punta Arenas, ya que el grupo que se hizo presente no llegaba a las 50 personas.

Tanto las manifestaciones a favor como en contra se dan en el contexto de una caída considerable de la imagen del mandatario, con las últimas encuestas arrojando índices de desaprobación en torno al 60-65%.

El árbol presidencial: de la esperanza a la desazón

El “árbol presidencial” está situado en una plazoleta vecina a la céntrica avenida Colón de la capital magallánica. Además de haber sido escenario de juegos y aventuras durante la infancia de Gabriel Boric, este modesto ciprés se convirtió en un lugar emblemático durante la campaña presidencial de 2021, volviéndose un símbolo de la esperanza de cambio que se materializó en la consagración del presidente más joven de la historia de Chile.

Desde entonces, el árbol no ha sido ajeno a la accidentada gestión del que una vez fuera un niño que trepaba sus ramas para admirar el canal de Beagle. Una mañana de febrero de este año, de hecho, los vecinos de la zona debieron apagar un incendio intencional que alguien, con clara intención política, había iniciado por la noche.

El ciprés de la Avenida Colón está, sin duda, ligado a la historia de Gabriel Boric, pero ahora, indefectiblemente, lo está también al devenir político de Chile.

La esperanza que simbolizó una vez ha perdido su color y no son pocos los que pretenden, incluso al amparo de las sombras, cortarla de raíz de una vez por todas.

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