Radio La Isla accedió a un oficio municipal que señala que el alcalde contrató un equipo legal de manera particular. El conflicto se suma a otros cuestionamientos como la renuncia del ex director de Seguridad Pública, Alejandro Pino, luego de una denuncia por una presunta conexión eléctrica irregular. El concejal independiente de Castro sostiene que la acción impulsada por el jefe comunal buscaba sacarlo definitivamente del cargo y frenar su labor fiscalizadora.

Un nuevo capítulo político se abrió en Castro tras la resolución del Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Lagos en la causa que enfrentó al alcalde Baltazar Elgueta con el concejal independiente Enrique Soto. El fallo concluyó con una suspensión de tres meses para el edil, pero no logró su destitución, que era el objetivo principal de la acción impulsada por el alcalde de Castro.

Radio La Isla accedió a oficio firmado por el alcalde

En medio de esta disputa, Radio La Isla tuvo acceso al Oficio N.º 810 de la Municipalidad de Castro, firmado por el propio Baltazar Elgueta, documento que entrega antecedentes sobre el financiamiento de la representación judicial del alcalde en la causa ante el Tribunal Electoral Regional.

De acuerdo con la respuesta oficial, sorprende que no sea la municipalidad y su equipo jurídico quien asuma la defensa jurídica, ya que en sus redes institucionales realiza publicaciones sobre este proceso judicial particular contra Soto. El equipo jurídico que representó a Elgueta fue contratado de manera particular por el jefe comunal, sin mantener vínculo contractual ni relación de dependencia con el municipio.

Asimismo, el oficio n° 810 precisa que cuatro funcionarios municipales comparecieron en Puerto Montt como testigos, haciendo uso de permiso administrativo y financiaron sus propios traslados y estadía. Lo anterior sorprende toda vez que la ley autoriza estos permisos cuando se tienen “motivos personales”. Sin embargo, acá fue utilizado para concurrir a un tribunal en un asunto que no es de carácter “personal”.

Estos antecedentes permiten conocer cómo se financió la representación legal del alcalde en esta causa. Sin embargo, el documento no establece por sí mismo las motivaciones personales que habrían originado una acción particular contra Soto, quien a su vez sostiene que el proceso buscaba erradicar su labor fiscalizadora.

Enrique Soto defiende su actuación y anuncia que continuará fiscalizando

En sus declaraciones, el concejal también abordó los cuestionamientos relacionados con un viaje al extranjero y la presentación de un certificado médico. Sobre este último punto, explicó que respondió a una recomendación profesional orientada a resguardar su salud emocional y mental.

El TER no determinó su destitución, aunque la resolución estableció una suspensión de tres meses. El fallo indica que “no se establece una falta grave a la probidad administrativa que justifique apartarlo definitivamente del cargo”.

Otro foco de controversia: la renuncia de Alejandro Pino

El enfrentamiento entre Soto y Elgueta se produce en un escenario en que el alcalde ha enfrentado múltiples cuestionamientos públicos, el último por otro episodio que involucró a uno de sus colaboradores de confianza: La salida de Alejandro Pino de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro.

Como informó anteriormente Radio La Isla, Pino dejó sus funciones durante la mañana del viernes 23 de octubre, luego de que se hiciera pública una denuncia del periodista Patricio Oñate por una presunta conexión eléctrica no autorizada desde su propiedad.

Según los antecedentes expuestos por Oñate, una revisión técnica de Saesa habría detectado una derivación eléctrica que provocó que parte del consumo asociado al portón de un inmueble vecino se registrara en su medidor. El periodista afirmó haber recibido una cuenta por $401.200 y anunció acciones ante la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Tras conocerse la renuncia, el alcalde Baltazar Elgueta difundió un escueto comunicado en el que expresó su respeto por la decisión del ahora ex director y agradeció su trabajo en materia de seguridad comunal, prevención del delito y coordinación institucional, sin referirse mayormente a la denuncia de fondo.

El pronunciamiento municipal atribuyó la salida a motivos personales, sin abordar directamente la denuncia difundida por el periodista. La renuncia de Pino también generó interrogantes sobre la gestión municipal. Según informó Radio Bío Bío, concejales de Castro solicitaron que se investigaran los antecedentes y cuestionaron que no se les hubiera informado oportunamente sobre la situación.

Cabe precisar que las acusaciones contra el ex funcionario deben ser esclarecidas por los organismos competentes y que la denuncia, por sí sola, no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.

Hasta el día de hoy, al cierre de edición de esta nota, no se encuentra declaración pública en las redes municipales respecto a la denuncia y posterior salida de Alejandro Pino, por lo cual únicamente se cuenta con un video temporal sin mención a los motivos de su salida pese a que la denuncia fue recogida por los principales medios de comunicación del país.

El escándalo a nivel nacional se acrecienta y, en la isla, la confianza menoscabada por aquellos trabajadores que hicieron mal uso de ciertas posibilidades, repercute como una mancha que, por lo general, salpica a altos jerarcas de la política.

Es que un total de 146 casos asociados a funcionarios públicos de instituciones de la provincia de Chiloé fueron registrados en el reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó a más de 25 mil trabajadores del Estado que salieron del país mientras se encontraban con licencias médicas vigentes.

En el listado nacional, correspondiente a 777 organismos públicos, figuran varias entidades del archipiélago. La Municipalidad de Castro aparece con 16 casos, siendo la que registra la mayor cantidad dentro de la provincia. Le siguen la Corporación Municipal de Quellón, con 77 casos; la Corporación Municipal de Curaco de Vélez, con 17; y el Servicio de Salud Chiloé, con 11. También figuran la Municipalidad de Ancud, con 5 casos; la Municipalidad de Quellón y la Municipalidad de Puqueldón, con 4 cada una; la Municipalidad de Curaco de Vélez, con 2; y la Municipalidad de Quinchao, con 1 caso.

Estas cifras corresponden a funcionarios que realizaron salidas del país durante los días en que contaban con licencia médica activa, lo que infringe la normativa que regula el reposo laboral y que exige su permanencia en territorio nacional salvo autorización específica.

El informe fue elaborado mediante el cruce de registros de la Superintendencia de Seguridad Social, Fonasa y el Servicio Nacional de Migraciones, a requerimiento de la Contraloría. Hasta el momento, ninguna de las instituciones mencionadas ha informado si ha iniciado procedimientos disciplinarios ni ha emitido declaraciones sobre los casos detectados.

La Contraloría ha anunciado que continuará con las fiscalizaciones y solicitará antecedentes a cada organismo involucrado para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.

Jefes comunales de la provincia advierten que, por primera vez, la Subdere no estaría financiando programas históricos de inversión local, lo que podría paralizar obras fundamentales en salud, deporte e infraestructura básica.

Una profunda preocupación expresaron los alcaldes de la provincia de Chiloé frente a la drástica disminución de recursos entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), afectando directamente la viabilidad de proyectos esenciales para el bienestar y desarrollo de sus comunas.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, fue el primero en encender las alarmas al denunciar públicamente que la Subdere no cuenta con fondos para financiar iniciativas del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) ni del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), a pesar de que muchas ya estaban declaradas elegibles. “Por primera vez en la historia, la Subdere no tiene recursos para estos programas fundamentales”, afirmó el edil de la capital regional de Los Lagos.

Sus pares de Chiloé respaldaron sus declaraciones, manifestando su inquietud por el impacto que esta situación tendrá en sus comunas. El alcalde de Queilen, Marcos Vargas, señaló que si bien la comunicación con la Subdere es constante, “este año el PMU tiene menos recursos que el anterior, lo que no significa que no existan recursos, sino que hay menos plata”. Respecto al PMB, indicó que sí existen fondos, pero que se ha solicitado priorizar proyectos que estén en línea con una disminución de los montos disponibles, agregando que en su comuna tienen iniciativas aprobadas que aún esperan financiamiento, como la infraestructura del Club Deportivo Bernardo O’Higgins y el cierre perimetral del Club Deportivo Aucar, obras fundamentales para el desarrollo comunitario.

El alcalde de Quemchi, Javier Ugarte, expresó una situación similar, señalando que en su comuna tienen proyectos elegibles tanto en PMU como en PMB, pero que hasta la fecha no han recibido respuesta clara sobre si se entregarán los recursos. “Preocupa esta situación, estos son proyectos que vienen trabajándose desde hace tiempo y que hoy están en riesgo por la falta de financiamiento”, declaró.

En la comuna de Curaco de Vélez, la alcaldesa Javiera Yáñez indicó que históricamente la Subdere ha apoyado a los municipios en diversos proyectos y que confía en que durante el año se asignen nuevos recursos, aunque reconoció una disminución evidente en comparación con ejercicios anteriores. Señaló que su administración ha presentado iniciativas por más de 200 millones de pesos en distintas líneas de financiamiento, y que, pese a los esfuerzos, los fondos aún no han llegado, generando preocupación en su equipo municipal.

Desde Puqueldón, el alcalde Alejandro Cárdenas reconoció que existe lentitud en el tema y que, aunque ha habido demoras antes, en esta ocasión aún no se han recibido recursos, pese a que ya están aprobados. “Está todo muy lento”, afirmó.

Según una minuta elaborada por la Subdere Los Lagos, entre los años 2018 y 2024 se ha asignado un 54% más de fondos vinculados exclusivamente a los programas PMU y PMB respecto al periodo anterior. No obstante, el mismo documento reconoce que este año los montos asignados han sido menores, en el marco de un proceso de descentralización acompañado por nuevas fórmulas de asignación presupuestaria.

El informe destaca que comunas como Quellón han visto importantes incrementos de recursos en los últimos años. En ese caso, se reporta una asignación de $2.025.103.222 durante el actual periodo, lo que representa un alza del 219% respecto al gobierno anterior. Puerto Montt, por su parte, habría recibido un 93% más de fondos en igual periodo. También se subrayan inversiones emblemáticas en la región, como la construcción de nuevos edificios consistoriales en Chaitén y Dalcahue, ambos financiados en un 60% por la Subdere, con más de 5.900 millones de pesos y 4.400 millones de pesos, respectivamente.

La minuta afirma que estos avances reflejan una apuesta por la equidad territorial, y que se continuará apoyando a las comunas con mayores necesidades, aunque en la práctica, los alcaldes coinciden en que el actual escenario genera incertidumbre y podría traducirse en la paralización de iniciativas prioritarias para el desarrollo local.

“Seguimos trabajando con esperanza, pero sin certezas”, concluyó el alcalde de Quemchi, reflejando el sentimiento generalizado entre los ediles de Chiloé ante la disminución de recursos provenientes de la Subdere.