Dicha resistencia aseguró que la nueva administración intentó “mediante simbolismos” mostrar cierta permisividad frente al conflicto territorial, aunque “no atacó el problema de fondo que han instalado las distintas expresiones de la resistencia mapuche, marcado hoy por la presencia de más de 50 presos políticos mapuche en las distintas cárceles del sur como eje fundamental”.

La organización exigió: “llegó el momento que el gobierno de Boric fije posiciones”, o se movilizarán nuevamente por todo el territorio.

Las exigencias a cuestión son: que el Gobierno ordene a sus abogados que son parte de la persecución a los presos políticos mapuche de Elicura no presentarse a litigar en los alegatos del recurso de nulidad que se discutirá este lunes 4 de abril en la Corte Suprema; el retiro inmediato de todas las querellas en las cuales el Gobierno es persecutor en causas mapuche; la destitución de todos los abogados de las Delegaciones Provinciales que han litigado en las causas mapuche; y el traslado inmediato a los CET de todos los presos políticos mapuche condenados que ya cumplen con los requisitos y que ha sido entrampado por decisiones políticos de Gendarmería.

“Este gesto es el piso mínimo para recién evaluar tener algún tipo de diálogo con el actual Gobierno que permita descomprimir los niveles de conflictividad existentes en Wallmapu”, concluyó la RML.