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Diputado Santana patrocina proyecto de resolución para apoyar a Escuelas Especiales

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Luego de un año y medio de pandemia del Covid-19 en el país, las escuelas que entregan educación especial a niños con problemas de lenguaje o situaciones de salud complejas se vieron seriamente afectadas a raíz de los mayores gastos en que debieron incurrir para abrir sus establecimientos en óptimas condiciones sanitarias, como asimismo por la notoria baja en sus matrículas.
Como resultado de lo anterior, durante el año 2021 recibieron en promedio un 30% menos recursos de parte de la subvención escolar general, lo que ha llevado a casos de insolvencia y hasta cierre de recintos educativos.
Frente a esta realidad, la Asociación Gremial de Sostenedores de Escuelas Especiales de la Décima Región (AGSEES) recurrió al diputado y candidato a senador Alejandro Santana, quien está promoviendo un proyecto de resolución que solicite al gobierno una ley corta que permita revertir la reliquidación negativa obtenida en 2021 y así mantener los niveles de subvención del año 2020. De igual modo, busca propiciar que las escuelas para niños con necesidades especiales transitorias como aquellas que atienden a menores con necesidades especiales permanentes sean incorporadas a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Lorena Vera Sánchez, educadora diferencial, psicopedagoga y representante de las Escuelas Especiales de Puerto Montt y la región, explicó que la posibilidad de evaluar a estudiantes nuevos para aumentar las matrículas se vio entrampada por el temor de los padres y apoderados a enviar a sus hijos a las escuelas, sumado a las extensas cuarentenas aplicadas por la autoridad de Salud, que en Puerto Montt fue de 68 días, en Ancud de 62 días y que en Osorno sumó hasta 149 días.
Según Lorena Vera, en la región se vieron afectados un total de 47 establecimientos especiales diferenciales, que son en general pequeñas escuelas.
Por su parte, Claudio Vera, representante de AGSEES en Chiloé, comentó que la baja en la subvención fue sorpresiva para los sostenedores. “Nosotros teníamos claro desde un principio que el Mineduc no iba a bajar los recursos, eso se nos informó en varias reuniones, y estábamos tranquilos hasta el mes de abril cuando vimos que las subvenciones las habían bajado considerando una nueva base de cálculo, pero que a nosotros no se nos informó en su debido momento”, comentó.
“En Chiloé obviamente nuestra situación es un poco más compleja porque tenemos que entender que la zona, el clima, afectan bastante para que los niños asistan a clases presenciales. En su momento también nos afectó la cantidad importante de fechas que estuvimos en cuarentena, entonces todo eso se acumuló y fue agravando la situación”, agregó Eduardo Vera, quien cuantificó que, de las 8 escuelas especiales de lenguaje y 6 escuelas especiales con distintos retos en educación especial de la provincia, el 80% se vieron complicadas con el recorte de los fondos. “Si consideramos un promedio entre todas las escuelas estamos hablado de un 30% menos subvención”, dijo.
El diputado Alejandro Santana comentó que, tras conocer los antecedentes del problema, decidió patrocinar un proyecto de resolución en favor de las Escuelas Especiales. “Hemos sostenido varias reuniones con el Ministerio de Educación y es por eso que tengo la convicción que era necesario presentar un proyecto de resolución para que la Cámara (de Diputados) requiera al Gobierno una ley corta que permita solucionar una situación más bien injusta, para que las escuelas especiales puedan mantener los niveles de subvención que recibían hasta el 2020 y que se redujo considerablemente producto de la pandemia. De igual modo, considero que es importante que se pueda incluir a las escuelas especiales en la Ley SEP y así sacarlos de la incierta posición en la que se encuentran dentro del sistema educativo. Ojalá que el gobierno acoja este requerimiento; es necesario, es de justicia plena y principalmente busca entregar certeza y confianza a estas personas, a estos profesionales que día a día se la juegan por mejorar la educación en nuestro país”, especificó el postulante por la 13ª Circunscripción senatorial.
Al respecto, Lorena Vera puntualizó que, si bien el Mineduc envió una moción para incluir a las escuelas especiales en la Ley SEP, no incorporó a las escuelas transitorias de lenguaje, que es un aspecto que el proyecto del diputado Santana busca remediar.

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Alcalde de Castro agradeció labor de Alejandro Pino tras su renuncia, pero evitó referirse a la denuncia por robo de electricidad que se viralizó

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El ex director de Seguridad Pública dejó sus funciones durante la mañana de este viernes, luego difundiera la acusación del periodista Patricio Oñate. En un comunicado, el alcalde Baltazar Elgueta atribuyó la salida a motivos personales y destacó el trabajo del ex funcionario, sin pronunciarse sobre la grave denuncia.

Una fuerte repercusión generó en Castro la denuncia pública del periodista Patricio Oñate contra Alejandro Pino, quien hasta este viernes se desempeñaba como director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro. La acusación apunta a una conexión eléctrica no autorizada desde la propiedad de Oñate hacia el portón del ex PDI.

Durante la mañana de este viernes, Pino dejó sus funciones en el municipio, luego de que Radio La Isla diera a conocer los antecedentes de la acusación. Su salida marca el término de sus labores en uno de los cargos de confianza del alcalde Baltazar Elgueta, donde se desempeñaba desde enero de este año.

Tras conocerse su renuncia, el jefe comunal difundió un comunicado en el que se refirió a la salida del ahora ex director, poniendo el énfasis en agradecer el trabajo realizado durante su permanencia en la administración municipal.

“Respecto de las razones expresadas en su carta de renuncia, manifiesto mi respeto por su decisión y por su determinación de abordar asuntos de carácter personal en el ámbito que corresponde”, señaló Elgueta.

En la misma declaración, el alcalde agradeció a Pino “por el trabajo realizado y por la labor desarrollada en materia de seguridad comunal, prevención del delito y coordinación con las distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública”.

Sin embargo, el pronunciamiento del jefe comunal no abordó directamente la denuncia difundida por Radio La Isla ni se refirió a los antecedentes expuestos públicamente por Oñate, centrando su mensaje en los motivos personales invocados para explicar la renuncia y en el reconocimiento a la gestión del ex funcionario.

La denuncia que antecedió a su salida

La controversia se originó luego de que el periodista Patricio Oñate denunciara públicamente una conexión eléctrica irregular vinculada a su inmueble. En una transmisión en vivo a través de redes sociales, el comunicador expuso su versión de los hechos y señaló que recibió una cuenta de electricidad por $401.200, monto que consideró considerablemente superior a su consumo habitual.

Ante esta situación, Oñate indicó que solicitó una revisión técnica a la empresa Saesa para esclarecer el origen del cobro y las circunstancias de la conexión cuestionada.

La denuncia involucra al ahora ex director de Seguridad Pública, quien anteriormente perteneció a la Policía de Investigaciones (PDI), y ha generado cuestionamientos en torno a un funcionario que formaba parte del círculo de confianza del alcalde Elgueta.

Hasta ahora, los antecedentes expuestos públicamente deben ser esclarecidos para determinar las circunstancias de la conexión denunciada y las eventuales responsabilidades que pudieran establecerse.

La salida de Pino se concretó el mismo día en que la acusación tomó mayor notoriedad pública, mientras que el comunicado municipal se limitó a informar sobre su renuncia por motivos personales y a agradecer los servicios prestados, sin entregar una respuesta directa sobre la denuncia que motivó su salida del cargo.

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Periodista Patricio Oñate denuncia presunto robo de electricidad por parte del director de Seguridad Pública de la municipalidad de Castro

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El comunicador aseguró que una inspección técnica de Saesa detectó una conexión no autorizada desde su empalme para alimentar el portón eléctrico de una propiedad vecina. Afirma que recibió una cuenta de luz por $401.200 y anunció acciones ante la Fiscalía, además de emplazar al alcalde Baltasar Elgueta a pronunciarse sobre el caso.

Una grave denuncia realizó durante la tarde de este jueves el destacado periodista Patricio Oñate, radicado en la comuna de Castro, quien a través de una transmisión en vivo por Facebook acusó una presunta conexión eléctrica no autorizada que, según afirmó, habría beneficiado durante aproximadamente un año a su vecino, identificado por el comunicador como Alejandro Rigoberto Pino Medina, actual director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro y ex funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

En su transmisión, Oñate relató que la situación quedó al descubierto luego de recibir una cuenta de electricidad por $401.200, monto que consideró excesivo en comparación con sus consumos habituales. Ante esta situación, acudió a Saesa para solicitar una revisión técnica de la instalación eléctrica de su propiedad.

Según expuso el periodista, personal de la empresa eléctrica inspeccionó el lugar y detectó una derivación desde su empalme hacia el portón eléctrico de la propiedad colindante. De acuerdo con el informe técnico que Oñate mostró en el video, la conexión habría provocado que el consumo asociado al portón quedara registrado en su propio medidor y, por consiguiente, fuera incorporado a su facturación.

El comunicador sostuvo que el elevado consumo también coincidiría con trabajos de reparación y mantención del portón realizados durante junio y julio, período en el que, según su relato, se habrían utilizado herramientas eléctricas, incluida una soldadora.

Durante la transmisión, Oñate identificó directamente a Alejandro Rigoberto Pino Medina como el vecino al que atribuye la instalación de la conexión cuestionada. Según señaló, el funcionario habría argumentado que existía un acuerdo previo con el antiguo propietario del inmueble, situación que, afirmó, nunca le habría sido comunicada tras adquirir la propiedad hace aproximadamente un año.

El periodista manifestó su indignación por lo ocurrido y aseguró que inicialmente llegó a considerar reducir el uso de estufas eléctricas en su hogar para enfrentar el elevado costo de la cuenta, incluso cuestionando el consumo de sus propios hijos, antes de conocer los resultados de la inspección.

“Yo, preocupándome de que mis hijos no siguieran gastando luz, cuando el gasto venía del otro lado”, expresó durante el registro audiovisual, cuestionando que el presunto consumo de terceros terminara afectando económicamente a su familia.

Oñate también indicó que, de acuerdo con la revisión realizada por Saesa, la derivación fue desconectada a solicitud suya. Además, sostuvo que anteriormente se habrían producido cortes del automático eléctrico de su vivienda, situación que ahora relaciona con posibles problemas en la instalación, aunque este último punto deberá ser aclarado técnicamente.

Emplaza al alcalde y anuncia acciones legales

En el video, el comunicador emplazó al alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, y solicitó que se realice una fiscalización para verificar las condiciones de la instalación y determinar las eventuales responsabilidades.

Asimismo, pidió la intervención de inspectores municipales y de las unidades correspondientes, considerando que la persona a la que acusa ocupa un cargo relacionado precisamente con la seguridad pública comunal.

Oñate anunció que recurrirá a la Fiscalía y que evalúa acciones legales por los perjuicios económicos que asegura haber sufrido. También planteó la posibilidad de demandar al municipio, argumentando que el involucrado es un funcionario que ejerce una responsabilidad directiva dentro de la administración comunal.

Durante la transmisión, el periodista mencionó una remuneración mensual de $3.391.170 atribuida al director de Seguridad Pública, además de una eventual pensión por su anterior trayectoria en la PDI. Estos antecedentes fueron expuestos por el propio denunciante y requieren verificación independiente.

Solicita explicaciones públicas

La denuncia abre interrogantes sobre las circunstancias en que se habría realizado la conexión eléctrica, el tiempo durante el cual habría permanecido operativa y las eventuales responsabilidades que pudieran establecerse a partir de los antecedentes técnicos y de las acciones que anunció el comunicador.

Hasta contar con una versión de la otra parte, las acusaciones formuladas por Oñate deben entenderse como denuncias que requieren ser investigadas y contrastadas. La existencia de una conexión no autorizada, por sí sola, no permite establecer automáticamente una responsabilidad penal ni atribuir culpabilidad definitiva a una persona.

El periodista pidió públicamente una respuesta del alcalde Baltasar Elgueta y de las autoridades municipales, insistiendo en que el caso debe ser aclarado debido al cargo que ocupa el funcionario al que apunta su denuncia.

La controversia queda ahora a la espera de eventuales pronunciamientos de la Municipalidad de Castro, del funcionario aludido y de los organismos competentes, además de la revisión de los antecedentes técnicos y judiciales que Oñate aseguró haber reunido.

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Vecinos denuncian abandono y suciedad en garitas de Quemchi y llaman al municipio a tomar medidas

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Residentes acusan falta de limpieza y denuncian consumo de alcohol y drogas en espacios donde diariamente esperan locomoción adultos, jóvenes y niños.

Una preocupante situación están denunciando vecinos de Quemchi, debido al estado de suciedad y las condiciones en que se encuentran algunas garitas de buses utilizadas diariamente por la comunidad para esperar locomoción colectiva.

De acuerdo con el testimonio recibido, estos espacios presentan una importante acumulación de basura y suciedad. Además, se denuncia que algunas personas los utilizarían para consumir bebidas alcohólicas y drogas, dejando los lugares en condiciones que generan molestia e inquietud entre quienes deben ocuparlos.

La situación preocupa especialmente porque las garitas no son utilizadas únicamente por adultos. También son puntos de espera para jóvenes y niños que necesitan trasladarse a sus establecimientos educacionales o regresar a sus hogares.

En ese contexto, los vecinos plantean la necesidad de mejorar las condiciones de higiene, mantener estos espacios en buen estado y adoptar medidas que permitan garantizar lugares más limpios y seguros para la comunidad.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante este escenario, se hace un llamado a la Municipalidad de Quemchi para que revise la situación denunciada, evalúe las condiciones de las garitas y coordine las acciones necesarias para mejorar su limpieza y conservación.

Los residentes esperan que se puedan implementar medidas de mantención periódica y que, en coordinación con los organismos correspondientes, se aborden las situaciones denunciadas de consumo de alcohol y drogas en estos espacios públicos.

La preocupación apunta a que esperar locomoción no se transforme en una experiencia desagradable o insegura para quienes utilizan diariamente el transporte público, especialmente para los niños, niñas y jóvenes que deben trasladarse por motivos de estudio.

Por ahora, el llamado de los vecinos es a que las autoridades competentes atiendan esta situación y contribuyan a recuperar estos espacios, fundamentales para la movilidad cotidiana de la comunidad de Quemchi.

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