El diputado Jaime Bassa (FA) solicitó revisar las participaciones empresariales del titular de Interior en tres sociedades vinculadas al rubro de los combustibles. El caso adquiere especial relevancia en Chiloé, considerando que Alvarado es oriundo de Castro y mantiene intereses empresariales en la provincia, donde una de sus sociedades registra operaciones comerciales y contratos con organismos públicos.
Una nueva controversia enfrenta el ministro del Interior, Claudio Alvarado, luego de que el diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, solicitara a la Contraloría General de la República investigar un eventual conflicto de interés relacionado con sus participaciones en empresas vinculadas al negocio de los combustibles.
La presentación del parlamentario apunta a esclarecer si los intereses comerciales del secretario de Estado pudieron verse involucrados en las decisiones y negociaciones que encabezó el Gobierno con los gremios de camioneros, en medio de las movilizaciones y el debate por el incremento de los precios de los combustibles.
A través de un oficio, Bassa pidió revisar la Declaración de Intereses y Patrimonio de Alvarado, además de verificar si existen eventuales incumplimientos de las normas de probidad administrativa y de la legislación sobre conflictos de interés.
El requerimiento identifica participaciones del ministro en tres sociedades: Sociedad de Inversiones Alvarado y Cía. Ltda., donde posee un 95%; Sociedad de Inversiones El Alba Limitada, con un 50%; y Sociedad de Inversiones Oelckers Limitada, también con un 50%.
Uno de los puntos que genera mayores interrogantes corresponde a Inversiones Oelckers, sociedad que, según los antecedentes expuestos en la presentación, habría sido declarada inactiva durante una década, pese a que figura vigente en registros comerciales con actividades relacionadas con la venta de combustibles.
Por esta razón, el diputado solicitó a Contraloría verificar su situación tributaria y determinar si las medidas adoptadas por el ministro respecto de la administración de estas sociedades se ajustan a la Ley N.º 20.880.
El vínculo empresarial de Alvarado con Chiloé
La controversia tiene una especial dimensión para la provincia de Chiloé. Claudio Alvarado es oriundo de Castro, comuna donde mantiene vínculos patrimoniales y empresariales, mientras que sus sociedades registran actividades comerciales en distintos puntos del archipiélago.
Uno de los antecedentes que ha generado cuestionamientos es la Sociedad de Inversiones El Alba Limitada, constituida en 2005, cuando Alvarado ejercía como diputado por la zona.
De acuerdo con antecedentes publicados por El Desconcierto, esta sociedad está vinculada al comercio minorista de combustibles, venta de gas licuado y repuestos automotrices, y mantiene operaciones en la comuna de Quellón, donde funciona una estación de servicio.
La investigación periodística también reveló que la empresa recibió aproximadamente $100,6 millones provenientes de organismos públicos de la provincia de Chiloé entre 2013 y 2024, principalmente por operaciones relacionadas con instituciones de la zona, entre ellas el Hospital de Quellón.
Asimismo, se han planteado interrogantes respecto de la participación societaria del ministro y los cambios en la administración de la compañía. Alvarado ha sostenido anteriormente que dejó la administración de la empresa en manos de su socio, aunque los antecedentes registrales citados en las investigaciones periodísticas no acreditarían una transferencia de sus derechos de propiedad.
Negociaciones por los combustibles bajo cuestionamiento
El requerimiento de Jaime Bassa se produce en un escenario particularmente sensible, considerando que el ministro del Interior ha encabezado las conversaciones del Ejecutivo con representantes del transporte de carga para abordar el alza de los combustibles y las medidas destinadas a contener sus efectos.
Para el diputado, resulta necesario que el organismo contralor revise los antecedentes y determine si las actuaciones de la autoridad se ajustaron a las exigencias de transparencia y probidad que establece la legislación.
“Solicitamos a la Contraloría que revise la declaración de intereses y patrimonio del ministro del Interior, Claudio Alvarado”, señaló Bassa.
El parlamentario agregó que busca que las materias sean esclarecidas por el organismo competente, con pleno respeto a las exigencias de transparencia que deben regir el ejercicio de la función pública.
De esta manera, la solicitud abre un nuevo flanco político para el ministro Claudio Alvarado, cuya trayectoria pública y empresarial mantiene una estrecha relación con Chiloé, territorio donde desarrolló parte importante de su carrera política y donde también se encuentran sociedades vinculadas a sus actividades comerciales.
Ahora será Contraloría la que deberá revisar los antecedentes y determinar si corresponde establecer eventuales responsabilidades administrativas o incumplimientos a las normas sobre probidad y conflictos de interés.