Una iniciativa legislativa denominada “¡Con las infancias no!” busca endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El proyecto establece presidio perpetuo para el delito de violación y propone exigir la castración química voluntaria como condición para que los condenados puedan acceder a determinados beneficios penitenciarios.

La propuesta fue ingresada por el diputado Héctor Ulloa (IND-PPD), junto a los parlamentarios Zandra Parisi (PDG), Jaime Mulet (FRVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), quienes respaldaron transversalmente la iniciativa.

Entre sus principales medidas contempla presidio perpetuo para todos los delitos de violación y presidio perpetuo calificado —la pena más alta del Código Penal— para los casos más graves de violación contra menores de 14 años.

Esta última sanción se aplicaría cuando el agresor sea reincidente, exista más de una víctima, se hayan provocado lesiones graves o el responsable sea un familiar o cuidador del niño o niña.

El proyecto también considera aumentar las penas para otros delitos sexuales contra menores de edad, incluyendo estupro, abuso sexual, explotación sexual y material de explotación sexual infantil. Además, plantea excluir estas condenas de las penas sustitutivas.

Castración química como requisito para beneficios

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es establecer la castración química voluntaria como requisito para acceder a la libertad condicional, permisos de salida e indultos particulares.

Se trata de un tratamiento farmacológico destinado a reducir la libido o bloquear la acción de la testosterona. Según la iniciativa, quienes decidan no someterse al procedimiento deberán cumplir íntegramente sus condenas, sin acceder anticipadamente a estos beneficios.

Asimismo, quienes comiencen el tratamiento y posteriormente lo abandonen perderán los beneficios asociados. La propuesta también establece que el procedimiento no permitirá rebajar las penas ni será considerado una circunstancia atenuante.

El diputado Héctor Ulloa defendió la iniciativa señalando que el debate no debe centrarse únicamente en cuánto tiempo permanece un agresor sexual en prisión, sino también en las condiciones en que regresa a la sociedad.

“Hoy sale sin ningún tratamiento. Con este proyecto, eso se termina”, sostuvo el parlamentario.

Ulloa agregó que resulta preocupante que algunos condenados por abusos sexuales contra menores hayan recibido penas de cinco o seis años, señalando que el Estado debe entregar una respuesta contundente frente a delitos que provocan consecuencias permanentes en las víctimas.

Proyecto busca reunir iniciativas que llevan décadas sin avanzar

Otro de los antecedentes que fundamentan la propuesta es un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, solicitado por los parlamentarios, que identificó 21 proyectos de ley presentados desde 1990 para endurecer las sanciones por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, sin que ninguno haya sido despachado.

En ese contexto, los impulsores buscan reunir distintas propuestas legislativas en un solo cuerpo legal y solicitar que su tramitación tenga carácter urgente.

La presentación ocurre, además, en medio de la controversia generada por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, situación que ha provocado cuestionamientos al Ministerio de Justicia e investigaciones de organismos fiscalizadores.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet respaldó la iniciativa y sostuvo que aumentar las penas e incorporar la castración química voluntaria para acceder a beneficios penitenciarios resulta necesario para fortalecer la protección de las víctimas.

La propuesta deberá iniciar su tramitación legislativa en el Congreso, por lo que sus disposiciones todavía no forman parte de la legislación vigente.

El consejero regional destacó la inversión estimada de US$600 millones para la futura doble vía Chacao–Chonchi, aunque advirtió que es necesario garantizar la participación de las comunidades, la seguridad vial y mejores accesos a las localidades del archipiélago.

El consejero regional por Chiloé, Julio Sanzana Cárdenas, valoró los avances del proyecto de doble vía Chacao–Chonchi, una de las iniciativas de infraestructura más esperadas por la provincia, aunque manifestó la necesidad de contar con mayor claridad respecto de los plazos, la distribución de los recursos y los beneficios concretos que tendrá para las comunidades.

Las declaraciones las realizó tras la presentación de la empresa concesionaria durante la Comisión Provincial de Chiloé del Consejo Regional de Los Lagos, instancia en la que se abordaron los principales antecedentes de esta iniciativa, que contempla una inversión estimada de US$600 millones.

Sanzana destacó que, después de años de espera, el proyecto cuente con una empresa adjudicataria y una hoja de ruta. Sin embargo, sostuvo que es necesario asegurar que la inversión se traduzca en obras concretas y que respondan a las necesidades de los habitantes del archipiélago.

Uno de los puntos que planteó durante la comisión fue la necesidad de precisar cuánto dinero se destinará a la conservación de la actual Ruta 5 durante los primeros años y cómo se distribuirán los recursos en relación con la construcción de la futura doble vía.

Asimismo, manifestó su preocupación por conocer oportunamente el trazado definitivo, las calles de servicio, los accesos a las distintas localidades, las medidas de seguridad vial y las condiciones en que se aplicarán los peajes.

En ese contexto, el consejero regional enfatizó que la iniciativa debe considerar a las comunidades que viven en los sectores aledaños a la carretera, incluyendo agricultores, comerciantes y comunidades indígenas.

«La doble vía debe unir a Chiloé, no dividir a sus comunidades», señaló Sanzana, agregando que las actividades cotidianas de los vecinos, sus accesos y condiciones de seguridad deben estar presentes en cada decisión relacionada con el proyecto.

Por otra parte, destacó las oportunidades que esta infraestructura podría generar para el turismo, el transporte, el comercio y el desarrollo productivo de la provincia, especialmente por su futura conexión con el puente sobre el Canal de Chacao.

Respecto de los plazos, la programación oficial contempla el inicio de las obras principales durante 2028, sujeto al desarrollo de la ingeniería y las autorizaciones ambientales correspondientes. En tanto, la entrada en operación completa del proyecto está estimada hacia 2033.

Finalmente, Julio Sanzana manifestó su disposición a continuar colaborando con las instituciones públicas, la empresa concesionaria y los municipios involucrados, pero recalcó que también ejercerá una labor de seguimiento y fiscalización.

«Chiloé necesita esta obra y merece una infraestructura moderna, pero también necesitamos certezas, participación y compromisos que se cumplan. El verdadero avance no se mide solamente por los anuncios, sino por los resultados que llegan a nuestras comunidades», concluyó.