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“Si tienes usuarias que forman revuelo, esas no van a recibir beneficios”: revelador diálogo entre delegado presidencial y funcionaria despedida en Palena

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Un registro de audio incorporado a una demanda judicial expone una conversación entre el delegado presidencial provincial de Palena, Marcelo Cifuentes Gallegos, y la entonces encargada del programa Mujeres Jefas de Hogar. En el diálogo, la autoridad designada por el Presidente José Antonio Kast, reconoce que la decisión de poner término al contrato respondió a la intención de evitar “más revuelo y oleaje”, tras las manifestaciones de las usuarias que cuestionaron el cierre de la Casa de la Mujer en Chaitén. Mientras la funcionaria cuestiona que se le responsabilice por las manifestaciones de las usuarias.

Nuevos antecedentes salen a la luz en el marco de la demanda por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales presentada por la ex encargada del programa Mujeres Jefas de Hogar, dependiente de la Delegación Presidencial Provincial de Palena, en contra de la institución.

Se trata de un registro de audio incorporado a los antecedentes de la causa, al que tuvo acceso Radio La Isla mediante la revisión de la documentación disponible en la plataforma pública del Poder Judicial. La grabación contiene un diálogo entre la denunciante y el delegado presidencial provincial, Marcelo Cifuentes Gallegos, en el que se aborda directamente su desvinculación y las manifestaciones protagonizadas por usuarias tras el cierre de la denominada “Casa de la Mujer” en Chaitén.

 

Durante la conversación, la funcionaria cuestiona que se le atribuya responsabilidad por las opiniones y reclamos de las comunidades, señalando: “Lo que la gente vaya y comente, eso no es mi responsabilidad”.

Frente a este planteamiento, Cifuentes sostiene que la decisión de desvincularla se relaciona con el carácter de confianza del cargo. Sin embargo, la trabajadora rebate esa argumentación y explica que se trata de un programa con trayectoria de aproximadamente 15 años, donde existen funcionarias que han permanecido durante distintas administraciones municipales.

“No es un cargo de confianza, delegado. Tenemos… este programa que depende de la municipalidad lleva como 15 años y yo tengo colegas que llevan 8 años y han cambiado los alcaldes, entonces no es de confianza porque es un cargo de un programa, esto no es político”, le manifiesta.

El delegado responde que, a su juicio, la situación se politizó. La denunciante insiste en que las manifestaciones surgieron desde las propias comunidades y que no puede hacerse responsable de las decisiones ni de las expresiones de las usuarias.

“SE TOMÓ LA DECISIÓN DE DAR TÉRMINO A TU CONTRATO”

Uno de los momentos más relevantes de la grabación ocurre cuando Marcelo Cifuentes reconoce expresamente que la desvinculación tuvo como propósito evitar que continuaran las controversias.

“Estamos totalmente de acuerdo, pero se tomó la decisión de dar término a tu contrato debido a no generar más revuelo y oleaje”, señala el delegado presidencial.

La funcionaria cuestiona inmediatamente esa explicación y advierte que su salida también podría provocar nuevas reacciones entre las beneficiarias del programa.

Sin embargo, el momento más controvertido del diálogo se produce cuando Cifuentes recuerda una conversación anterior que habría sostenido con la trabajadora en su oficina.

“Yo mismo te dije en tu misma oficina, recuerda con las palabras que yo te dije: ‘Si tienes usuarias que forman revuelo, esas van a ser las usuarias que no van a recibir beneficios’”, expresa la autoridad.

Ante esa afirmación, la denunciante le responde que las personas tienen legitimidad para manifestar sus reclamos: “Pero delegado, la gente tiene una legitimidad de reclamo”.

El delegado contesta: “Sí, y eso es válido”.

UNA CONVERSACIÓN QUE SE INCORPORA A LA CONTROVERSIA JUDICIAL

El contenido del audio adquiere especial relevancia en el contexto de la demanda, considerando que la ex funcionaria sostiene que su desvinculación estuvo relacionada con las manifestaciones de las usuarias que cuestionaron el cierre de la Casa de la Mujer en Chaitén.

La primera jornada de la audiencia de juicio ya se realizó y contó con la declaración de testigos y el interrogatorio al delegado presidencial Marcelo Cifuentes Gallegos. El abogado de la demandante, Mauricio Sáez, junto a la abogada asistente Catalina Saldivia, informó que el proceso continuará en una segunda jornada y eventualmente podría extenderse a una tercera.

La justicia deberá determinar las circunstancias en que se produjo la desvinculación y si los hechos denunciados constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora.

 

 

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Castro: «dos años de mediocridad, un alcalde con complejo de patrón y un administrador que no administra» 

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Columna de opinión de Claudio Rodríguez Soto

Casi dos años. Ese es el tiempo que Baltazar Elgueta lleva sentado en el sillón alcaldicio de Castro. Y a estas alturas la pregunta ya no es cuándo comenzará a gobernar, sino si alguna vez tuvo claro cómo hacerlo.

Porque Castro no está viviendo una transformación. Está viviendo un deterioro que comienza a ser imposible de disimular.

Una ciudad que necesita gestión, pero recibe explicaciones; que necesita liderazgo, pero parece tener que soportar arranques de autoridad; que necesita soluciones, pero observa cómo el municipio se convierte en una puerta giratoria de funcionarios.

En menos de dos años se han ido (o los han ido) un administrador municipal (ahora fondeado en la OLN con sueldo millonario), una DIDECO, un jefe de gabinete y dos jefes de Seguridad Pública. Cinco movimientos en puestos estratégicos. ¿Casualidad? ¿Mala suerte? ¿O sencillamente un problema de conducción que tiene nombre y apellido?

Elgueta debería mirarse al espejo antes de buscar responsables en los pasillos municipales. Porque cuando tantos profesionales terminan abandonando una administración, quizás el problema no está en quienes se van, sino en quien permanece.

Y aquí aparece el otro protagonista de esta tragicomedia administrativa: Claudio Ulloa.

El actual administrador municipal, que ya debería estar demostrando por qué ocupa uno de los cargos más importantes del municipio, tiene bastante que explicar. Su anterior paso por la OMIL dejó cuestionamientos sobre su desempeño, cumplimiento de horarios y resultados. Hoy, sin embargo, ocupa una posición de máxima responsabilidad administrativa.

Y su llegada al cargo también plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto pesó su cercanía personal con el entorno familiar del alcalde, particularmente su vínculo de amistad con la hija de Elgueta, en su nombramiento?

Porque si los cargos públicos terminan convirtiéndose en premios de amistad, no estamos hablando de administración municipal. Estamos hablando de amiguismo con financiamiento público.

Castro no necesita amigos instalados en cargos. Necesita profesionales que hagan su trabajo.

Pero hay algo todavía más grave.

Este año la municipalidad enfrenta cerca de 15 demandas laborales, según los antecedentes disponibles. Quince. No una diferencia aislada, no un malentendido

administrativo. Un volumen de conflictos que obliga a preguntarse qué está ocurriendo con la gestión de personas y, especialmente, con el estilo de conducción del alcalde.

Los arranques de patrón de fundo no son liderazgo. El autoritarismo no es capacidad de gestión. Y tratar una municipalidad como si fuera propiedad personal es una receta perfecta para terminar pagando los errores con plata de los contribuyentes.

Cada demanda representa un riesgo. Cada eventual condena puede significar millones que dejarán de invertirse en Castro. Y mientras algunos parecen apostar a dilatar los procesos judiciales, incluso recurriendo a instancias superiores, los vecinos siguen siendo los que financian la fiesta.

Apelar es un derecho. Pero no es una máquina para convertir errores en victorias.

Y si finalmente el municipio pierde, ¿quién responde? ¿El alcalde sacará dinero de su bolsillo? ¿El administrador asumirá alguna responsabilidad? Por supuesto que no. La cuenta, como casi siempre, terminará llegando a los castreños.

La ironía es brutal: una administración que parece tener dificultades para mantener a sus propios directivos, pero una extraordinaria capacidad para multiplicar conflictos laborales.

Y mientras tanto, ¿la ciudad?

Castro sigue esperando. Esperando seguridad, limpieza, orden, inversión, recuperación de espacios públicos y una gestión que se note más allá de las publicaciones en redes sociales.

Porque gobernar no es sacarse fotografías, repartir discursos ni confundir autoridad con obediencia. Tampoco consiste en rodearse de personas que nunca contradigan al jefe.

Elgueta tiene un problema de liderazgo. Ulloa tiene un problema de resultados. Y Castro tiene que soportar las consecuencias y la inoperancia de ambos.

Se acercan los dos años y ya no sirve seguir hablando de herencias, dificultades o administraciones anteriores. El tiempo de las excusas se agotó. El gobierno municipal ya tiene edad suficiente para hacerse responsable de sus propios errores.

Quizás lo más preocupante no sea que esta administración no haya conseguido transformar Castro. Lo verdaderamente preocupante es que parezca haber normalizado el desorden, la rotación de funcionarios y la judicialización de sus conflictos.

Alcalde, la municipalidad no es su fundo. Los funcionarios no son sus subordinados personales y los ciudadanos no son espectadores obligados de sus decisiones.

Y administrador Ulloa: el cargo no se justifica por la cercanía con el poder, sino por los resultados.

Dos años después, Castro no necesita que le expliquen por qué las cosas no funcionan. Necesita saber quién se hará responsable de que sigan sin funcionar.

Porque para gobernar con soberbia se necesita muy poco. Para gobernar bien, bastante más.

Y hasta ahora, Castro está pagando la diferencia.

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Alza de tarifas en el Canal de Chacao: concejal Pablo Vargas propone instalar señalética para transparentar precios de los transbordadores

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El edil de Ancud solicitó al municipio oficiar al Ministerio de Transportes para gestionar la instalación de letreros informativos antes del ingreso a las rampas de embarque de Pargua y Chacao. La iniciativa busca que residentes y turistas conozcan anticipadamente los valores que cobran las distintas empresas y evitar sorpresas al momento de pagar.

El reciente anuncio de un alza en las tarifas del cruce del Canal de Chacao volvió a poner en discusión los problemas de conectividad que enfrenta la provincia de Chiloé. En medio de este escenario, el concejal de Ancud, Pablo Vargas, planteó una propuesta para transparentar los precios que cobran las empresas que operan el servicio de transbordadores entre Pargua y Chacao.

A través de una declaración difundida en sus redes sociales, el edil informó que solicitó al alcalde de Ancud, durante la última sesión del concejo municipal, que se oficie al Ministerio de Transportes para gestionar la instalación de señalética informativa que permita conocer las tarifas antes de ingresar a las zonas de embarque.

Vargas explicó que actualmente muchos turistas y visitantes se encuentran con diferencias de precios entre las empresas que realizan el cruce, situación que puede generar confusión, especialmente cuando utilizan una compañía para viajar hacia Chiloé y otra distinta para regresar al continente.

“¿Por qué en este transbordo de Chacao-Pargua o Pargua-Chacao me cobran una tarifa y por qué la otra empresa me cobra otra?”, planteó el concejal al describir las dudas que habitualmente enfrentan los usuarios del servicio.

El representante comunal sostuvo que la falta de información anticipada afecta la claridad para los consumidores, tanto para quienes visitan la provincia como para los propios residentes de Chiloé.

La propuesta apunta a que los usuarios puedan visualizar los valores de cada empresa antes de ingresar a las rampas, permitiéndoles tomar una decisión informada respecto del servicio que utilizarán.

“Porque una vez que ingresan, se encuentran con que se les cobra un valor y luego de retorno toman otra empresa y se les cobra otro”, explicó Vargas.

El concejal señaló que espera conocer si la solicitud ha avanzado y anunció que consultará al alcalde y a las autoridades correspondientes sobre las gestiones realizadas para concretar la iniciativa.

La propuesta adquiere especial relevancia luego del anuncio de Transmarchilay de reajustar sus tarifas a partir del 14 de diciembre, medida que contempla además la eliminación temporal de la tarifa preferencial para residentes durante la temporada estival.

CONECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA

El planteamiento de Vargas abre nuevamente el debate sobre las condiciones del transporte marítimo en el Canal de Chacao, una conexión fundamental para miles de chilotes que diariamente deben trasladarse hacia el continente.

Mientras los usuarios enfrentan nuevos costos por cruzar el canal, la instalación de señalética tarifaria podría convertirse en una primera medida para mejorar la información y transparencia de un servicio esencial para la conectividad de la provincia.

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Ministro Claudio Alvarado queda bajo la lupa por sus negocios en Chiloé: piden investigación de Contraloría

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El diputado Jaime Bassa (FA) solicitó revisar las participaciones empresariales del titular de Interior en tres sociedades vinculadas al rubro de los combustibles. El caso adquiere especial relevancia en Chiloé, considerando que Alvarado es oriundo de Castro y mantiene intereses empresariales en la provincia, donde una de sus sociedades registra operaciones comerciales y contratos con organismos públicos.

Una nueva controversia enfrenta el ministro del Interior, Claudio Alvarado, luego de que el diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, solicitara a la Contraloría General de la República investigar un eventual conflicto de interés relacionado con sus participaciones en empresas vinculadas al negocio de los combustibles.

La presentación del parlamentario apunta a esclarecer si los intereses comerciales del secretario de Estado pudieron verse involucrados en las decisiones y negociaciones que encabezó el Gobierno con los gremios de camioneros, en medio de las movilizaciones y el debate por el incremento de los precios de los combustibles.

A través de un oficio, Bassa pidió revisar la Declaración de Intereses y Patrimonio de Alvarado, además de verificar si existen eventuales incumplimientos de las normas de probidad administrativa y de la legislación sobre conflictos de interés.

El requerimiento identifica participaciones del ministro en tres sociedades: Sociedad de Inversiones Alvarado y Cía. Ltda., donde posee un 95%; Sociedad de Inversiones El Alba Limitada, con un 50%; y Sociedad de Inversiones Oelckers Limitada, también con un 50%.

Uno de los puntos que genera mayores interrogantes corresponde a Inversiones Oelckers, sociedad que, según los antecedentes expuestos en la presentación, habría sido declarada inactiva durante una década, pese a que figura vigente en registros comerciales con actividades relacionadas con la venta de combustibles.

Por esta razón, el diputado solicitó a Contraloría verificar su situación tributaria y determinar si las medidas adoptadas por el ministro respecto de la administración de estas sociedades se ajustan a la Ley N.º 20.880.

El vínculo empresarial de Alvarado con Chiloé

La controversia tiene una especial dimensión para la provincia de Chiloé. Claudio Alvarado es oriundo de Castro, comuna donde mantiene vínculos patrimoniales y empresariales, mientras que sus sociedades registran actividades comerciales en distintos puntos del archipiélago.

Uno de los antecedentes que ha generado cuestionamientos es la Sociedad de Inversiones El Alba Limitada, constituida en 2005, cuando Alvarado ejercía como diputado por la zona.

De acuerdo con antecedentes publicados por El Desconcierto, esta sociedad está vinculada al comercio minorista de combustibles, venta de gas licuado y repuestos automotrices, y mantiene operaciones en la comuna de Quellón, donde funciona una estación de servicio.

La investigación periodística también reveló que la empresa recibió aproximadamente $100,6 millones provenientes de organismos públicos de la provincia de Chiloé entre 2013 y 2024, principalmente por operaciones relacionadas con instituciones de la zona, entre ellas el Hospital de Quellón.

Asimismo, se han planteado interrogantes respecto de la participación societaria del ministro y los cambios en la administración de la compañía. Alvarado ha sostenido anteriormente que dejó la administración de la empresa en manos de su socio, aunque los antecedentes registrales citados en las investigaciones periodísticas no acreditarían una transferencia de sus derechos de propiedad.

Negociaciones por los combustibles bajo cuestionamiento

El requerimiento de Jaime Bassa se produce en un escenario particularmente sensible, considerando que el ministro del Interior ha encabezado las conversaciones del Ejecutivo con representantes del transporte de carga para abordar el alza de los combustibles y las medidas destinadas a contener sus efectos.

Para el diputado, resulta necesario que el organismo contralor revise los antecedentes y determine si las actuaciones de la autoridad se ajustaron a las exigencias de transparencia y probidad que establece la legislación.

“Solicitamos a la Contraloría que revise la declaración de intereses y patrimonio del ministro del Interior, Claudio Alvarado”, señaló Bassa.

El parlamentario agregó que busca que las materias sean esclarecidas por el organismo competente, con pleno respeto a las exigencias de transparencia que deben regir el ejercicio de la función pública.

De esta manera, la solicitud abre un nuevo flanco político para el ministro Claudio Alvarado, cuya trayectoria pública y empresarial mantiene una estrecha relación con Chiloé, territorio donde desarrolló parte importante de su carrera política y donde también se encuentran sociedades vinculadas a sus actividades comerciales.

Ahora será Contraloría la que deberá revisar los antecedentes y determinar si corresponde establecer eventuales responsabilidades administrativas o incumplimientos a las normas sobre probidad y conflictos de interés.

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