Una serie de observaciones relacionadas con la administración presupuestaria y financiera de la Municipalidad de Queilen reveló la Contraloría General de la República en su Informe Final N° 168 de 2026, correspondiente a una auditoría realizada sobre los ejercicios financieros entre el año 2024 y junio de 2025. El documento oficial, que abarca una extensión de 117 páginas con múltiples hallazgos e irregularidades detectadas por el ente fiscalizador, fue recepcionado por el municipio el pasado 25 de septiembre.

Sin embargo, el edil Manuel Godoy cuestionó que sus resultados fueran puestos en conocimiento del concejo municipal recién el martes 3 de noviembre, acusando que la administración comunal liderada por el alcalde Marcos Vargas se demoró más de un mes en informar sobre los antecedentes del organismo fiscalizador. Cabe destacar que Contraloría había instruido que el documento fuera leído en la primera sesión del concejo posterior a su notificación, situación que no se habría cumplido oportunamente.

Aumentos presupuestarios y pagos observados

Entre los principales hallazgos del extenso informe figuran modificaciones presupuestarias por más de $456 millones durante 2024, que no habrían contado con el debido respaldo normativo ni se habrían efectuado dentro de los plazos establecidos. A esto se suman pagos superiores a los $90 millones que fueron objetados por carecer de los respaldos de devengo exigidos por la normativa contable, además de egresos que superaron los $70 millones y que se habrían realizado sin los respectivos decretos de pago.

Godoy manifestó su preocupación por estas observaciones y planteó que parte de las modificaciones presupuestarias se habrían producido en un año marcado por las elecciones municipales, incluyendo recursos destinados a ayudas sociales y otras partidas.

Concejal acusa nuevas modificaciones presupuestarias en 2026

El concejal también advirtió que situaciones similares se habrían repetido durante el presente año, apuntando a modificaciones presupuestarias que, según denunció, se realizaron sin pasar por la aprobación del concejo municipal:

«En el año 2026 pasó algo similar. El alcalde con el jefe de finanzas nuevamente aumentó el presupuesto municipal en $251 millones sin pasar por el concejo municipal. Aprobamos un presupuesto cercano a los $5.300 millones y en mayo nos enteramos de que lo habían modificado a $5.500 millones y fracción. Al parecer es una práctica reiterada», sostuvo Godoy.

Estas declaraciones abren nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos de control y la participación del concejo municipal en las decisiones relacionadas con las finanzas comunales.

Contraloría mantuvo las observaciones y fijó plazo de 60 días hábiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Municipalidad de Queilen presentó sus descargos tras recibir el preinforme de auditoría. No obstante, la Contraloría mantuvo la mayor parte de las observaciones, debido a que los antecedentes entregados por el municipio no permitieron acreditar suficientemente las operaciones cuestionadas.

El organismo fiscalizador estableció un plazo de 60 días hábiles para que la administración municipal regularice la documentación y adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas.

Sin embargo, Manuel Godoy advirtió que algunas de las situaciones observadas, particularmente aquellas relacionadas con modificaciones presupuestarias realizadas fuera de los plazos legales, no podrían revertirse mediante la presentación posterior de antecedentes.

El informe de Contraloría vuelve a poner bajo escrutinio la gestión financiera del municipio de Queilen y plantea interrogantes sobre los procedimientos administrativos utilizados, la autorización de los gastos y los mecanismos de fiscalización interna de los recursos públicos.

Una iniciativa legislativa denominada “¡Con las infancias no!” busca endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El proyecto establece presidio perpetuo para el delito de violación y propone exigir la castración química voluntaria como condición para que los condenados puedan acceder a determinados beneficios penitenciarios.

La propuesta fue ingresada por el diputado Héctor Ulloa (IND-PPD), junto a los parlamentarios Zandra Parisi (PDG), Jaime Mulet (FRVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), quienes respaldaron transversalmente la iniciativa.

Entre sus principales medidas contempla presidio perpetuo para todos los delitos de violación y presidio perpetuo calificado —la pena más alta del Código Penal— para los casos más graves de violación contra menores de 14 años.

Esta última sanción se aplicaría cuando el agresor sea reincidente, exista más de una víctima, se hayan provocado lesiones graves o el responsable sea un familiar o cuidador del niño o niña.

El proyecto también considera aumentar las penas para otros delitos sexuales contra menores de edad, incluyendo estupro, abuso sexual, explotación sexual y material de explotación sexual infantil. Además, plantea excluir estas condenas de las penas sustitutivas.

Castración química como requisito para beneficios

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es establecer la castración química voluntaria como requisito para acceder a la libertad condicional, permisos de salida e indultos particulares.

Se trata de un tratamiento farmacológico destinado a reducir la libido o bloquear la acción de la testosterona. Según la iniciativa, quienes decidan no someterse al procedimiento deberán cumplir íntegramente sus condenas, sin acceder anticipadamente a estos beneficios.

Asimismo, quienes comiencen el tratamiento y posteriormente lo abandonen perderán los beneficios asociados. La propuesta también establece que el procedimiento no permitirá rebajar las penas ni será considerado una circunstancia atenuante.

El diputado Héctor Ulloa defendió la iniciativa señalando que el debate no debe centrarse únicamente en cuánto tiempo permanece un agresor sexual en prisión, sino también en las condiciones en que regresa a la sociedad.

“Hoy sale sin ningún tratamiento. Con este proyecto, eso se termina”, sostuvo el parlamentario.

Ulloa agregó que resulta preocupante que algunos condenados por abusos sexuales contra menores hayan recibido penas de cinco o seis años, señalando que el Estado debe entregar una respuesta contundente frente a delitos que provocan consecuencias permanentes en las víctimas.

Proyecto busca reunir iniciativas que llevan décadas sin avanzar

Otro de los antecedentes que fundamentan la propuesta es un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, solicitado por los parlamentarios, que identificó 21 proyectos de ley presentados desde 1990 para endurecer las sanciones por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, sin que ninguno haya sido despachado.

En ese contexto, los impulsores buscan reunir distintas propuestas legislativas en un solo cuerpo legal y solicitar que su tramitación tenga carácter urgente.

La presentación ocurre, además, en medio de la controversia generada por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, situación que ha provocado cuestionamientos al Ministerio de Justicia e investigaciones de organismos fiscalizadores.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet respaldó la iniciativa y sostuvo que aumentar las penas e incorporar la castración química voluntaria para acceder a beneficios penitenciarios resulta necesario para fortalecer la protección de las víctimas.

La propuesta deberá iniciar su tramitación legislativa en el Congreso, por lo que sus disposiciones todavía no forman parte de la legislación vigente.